El fiscal solicita penas de un año y nueve meses de prisión para cada uno de los quince activistas del movimiento Rebelión Científica que lanzaron agua teñida de remolacha contra el Congreso de los Diputados el 6 de abril del año pasado para concienciar contra la crisis climática.
El ministerio público solicita esas penas para los activistas como presuntos autores de un delito de daños contra el patrimonio, por los que además pide que se les condene al pago conjunto de 2.592 euros al Estado y 713 al Ayuntamiento de Madrid en concepto de responsabilidad civil, según han confirmado a EFE fuentes fiscales.
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Los miembros del colectivo Rebelión Científica se manifestaron ese día frente a la fachada del Congreso y arrojaron un líquido rojo (agua teñida) para alertar sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes contra la crisis climática. La Policía detuvo a los quince activistas, a los que imputaba, en un primer momento, delitos de daños al Patrimonio y contra las instituciones del Estado.
Después de que decayera la segunda acusación, la Fiscalía ha decidido mantener la primera, por lo que solicita la apertura de juicio oral contra los procesados.
blockquote class="twitter-tweet">Esta mañana hemos prestado declaración junto con @FuturoVegetal en un Juzgado de Barcelona.
— Rebelión Científica España (@EsRebelCientif) November 20, 2023
⚖️ Una ecóloga, un ambientólogo y una veterinaria están acusadas de un delito de daños que puede acarrear una multa de hasta 24 meses.#JuicioALaCiencia#AccionYA#ColapsoClimático pic.twitter.com/MTfp0O9gWo
Rebelión Científica contra el cambio climático
Fue el acto del 6 de abril de 2022 el que dio comienzo a la Rebelión Científica en España. En su manifiesto, señalan a “nuestros gobiernos y lobbies empresariales” como “directamente responsables del bloqueo de la acción ambiental rápida”.
El colectivo llama a la “desobediencia civil no violenta coordinada internacionalmente por miembros de la comunidad científica”. De hecho, lo conforman personas pertenecientes a la comunidad científica y académica que buscan actuar ante la “inacción política frente a la crisis climática”.
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La primera protesta de 2022 atrajo a medio centenar de manifestantes, la mayoría de ellos científicos. Llevaron a cabo una sentada en la escalinata del Congreso, para después lanzar la pintura biodegradable sobre la fachada de los Leones. Este 2023, volvieron a repetir la acción en el mes de marzo para protestar contra la “inacción” del Gobierno ante el calentamiento global.
No obstante, el movimiento no se limita a España: la organización cuenta con participantes en más de 25 países de todos los continentes.
Desde el colectivo de Rebelión Científica aseguran que no causaron daños materiales al edificio e insisten en que la pintura, a la que se refieren como “sangre falsa y biodegradable”, fue retirada “en cuestión de minutos” por los servicios de limpieza.
blockquote class="twitter-tweet">Criminalizar a quienes denuncian la inacción de los gobiernos ante la terrible crisis climática es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer. Tienen nuestra solidaridad y nuestro apoyo. https://t.co/MG761whQWC
— Ione Belarra (@ionebelarra) November 21, 2023
La hasta ahora ministra de Derechos Sociales y Agenda de España, Ione Belarra, se ha pronunciado contra la acusación de la Fiscalía en sus redes sociales.
“Criminalizar a quienes denuncian la inacción de los gobiernos ante la terrible crisis climática es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer”, ha escrito la secretaria general de Podemos.
(Con información de EFE)