Patrimonio Nacional, organismo público dependiente del Ministerio de Presidencia que es el responsable de velar por los bienes que proceden del legado de la Corona española, paga a un centro médico privado para que sus empleados puedan tener consultas ginecológicas y urológicas. El contrato fue adjudicado en julio de este año al Hospital Viamed Fuensanta, ubicado en la calle Arturo Soria de la capital. En principio, los trabajadores de Patrimonio que así lo deseen pueden recurrir a este servicio sanitario, que es voluntario.
El ente público, que gestiona 19 palacios, monasterios y conventos reales, así como 22.000 hectáreas de jardines históricos, bosques y otros espacios naturales, justifica estos reconocimientos médicos dentro “de las campañas sanitarias anuales de promoción de la salud” que quiere prestar a sus empleados públicos. Según los últimos datos de 2022, en Patrimonio Nacional trabajan 1.097 personas, entre personal laboral y funcionario.
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“El servicio se establece como recomendable para dar continuidad a las campañas de sensibilización y promoción de la salud de las trabajadoras, iniciadas hace más de dos décadas y como procedimiento indispensable para cuidar de la salud de los órganos genitales de la mujer. Así mismo, con este servicio se pretende por primera vez ofrecer el reconocimiento urológico al personal masculino del organismo mayor de 45 años”, reza la memoria justificativa del contrato.
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En el caso de personal femenino, “el servicio prestado incluye una consulta ginecológica con exploración mamaria, una ecografía, toma y estudio de muestras cérvico-vaginales para una citología y una mamografía bilateral y/o ecografía mamaria bilateral, en caso de considerarse necesaria. En todo caso, se realizarán ambas pruebas a todas las mujeres trabajadoras mayores de 45 años y por debajo de esta edad a aquellas que por patología previa y/o por antecedentes familiares sea necesario a criterio facultativo”. Patrimonio Nacional estima 231 reconocimientos ginecológicos al año, aunque facturará únicamente los realizados.
En las consultas urológicas está prevista “una exploración (incluye tacto rectal), ecografía, análisis de sangre (determinación de PSA, a criterio facultativo) y la emisión y entrega individualizada de los informes médicos resultantes, en soporte electrónico, en base a las pruebas médicas efectuadas a los empleados públicos”. Se estima una previsión de 248 reconocimientos urológicos al año. Como mucho, el organismo público prevé gastarse 256.920 euros en tres años.
El precio máximo para cada reconocimiento ginecológico (incluido pruebas) será de 220 euros para las empleadas destinadas en Madrid y de 250 euros si la trabajadora está destinada fuera de la comunidad. En el caso de las consultas urológicas, varían entre los 130 y 160 euros según donde se realicen. Hay que tener en cuenta que Patrimonio tiene delegaciones en Segovia, Cáceres, Palma de Mallorca, Valladolid y Burgos. No obstante, el pliego permite las derivaciones a otros centros médicos que colaboren con el adjudicatario. Infobae España ha preguntado a Patrimonio Nacional los motivos que le han llevado a licitar este contrato. No ha obtenido respuesta.
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