Hasta mayo de este año, el Gobierno de coalición ha movilizado un 10% de los fondos previstos para este año, concretamente, 2.800 millones de los 28.692 millones presupuestados para todo el ejercicio 2023. Estos pagos son, en su gran mayoría, transferencias a las comunidades autónomas, por lo que el dinero europeo continúa dentro de las administraciones públicas y sigue sin llegar a las empresas. Pese a la lentitud este año, cabe destacar que España ha ejecutado el 75% de estos fondos previstos en los presupuestos de 2021 y 2022.
Según el informe de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a cierre de mayo se habían autorizado 15.663 millones, una cifra que no ha variado mucho desde enero, cuando Moncloa aseguraba que ya se habían autorizado fondos por valor de 9.188 millones de euros, por lo que, en los últimos cuatro meses, esta cuantía se ha incrementado solo en 6.000 millones. Dentro de estas autorizaciones, 9.825 millones estaban comprometidos, 4.847 millones figuraban ya como obligaciones reconocidas, y solo 2.870 millones se habían pagado.
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Hay que tener en cuenta que la postura del Gobierno con los fondos europeos es bastante opaca: no proporciona los datos de ejecución real de estas partidas europeas –como le piden organismos como la Airef o el Banco de España– que permitirían saber cuántos fondos han llegado realmente a la economía. Por su parte, las cifras que maneja Bruselas dejan en evidencia la gestión de estos fondos: en 2021 el Ejecutivo gastó 2.400 millones -el 0,2% del PIB- tras presupuestar más de 26.000 millones con cargo a los fondos UE. En 2022, esa cifra se elevó hasta los 5.200 millones de euros, un 0,4% del PIB, lo que representó una quinta parte de lo presupuestado.
La baja ejecución se produce en la gran mayoría de los ministerios: las carteras con menor dotación presupuestaria son las que mayor porcentaje de ejecución representan, salvo el ministerio de Industria, que cuenta con más de 8.831 millones en créditos, con un porcentaje de pagos realizados que supera el 20%. Así, Hacienda lidera la ejecución de los fondos UE, con más de 225 millones de pagos realizados sobre los 274 de créditos presupuestados.
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En el lado contrario, el ministerio de Economía, con 6.153 de créditos definitivos, es una de las carteras con peor ejecución: solo ha movilizado el 0,8% de lo presupuestado. Otros ministerios con importantes dotaciones como Transportes, con 6.084 millones en créditos, y Transición Ecológica, con 5.001 millones, también presentan porcentajes muy bajos de pagos realizados, con un 6% y un 0,1% respectivamente.
Además, el 60,3% de los pagos realizados no son pagos directos a beneficiarios, sino transferencias a las comunidades autónomas u organismos públicos, por lo que el impacto en las empresas es todavía menor.
Ante las dificultades para las empresas, el economista Santiago Sánchez propone una reestructuración de su funcionamiento y realizar una simplificación administrativa que facilite la participación y la llegada de los fondos al tejido empresarial, así como la utilización de los fondos para financiar un programa de incentivos fiscales.
Impacto en la economía
Las dificultades de ejecución y la elevada burocracia son algunos de los factores que están dificultando la llegada de estas partidas europeas a las empresas y, por tanto, reduciendo el impacto que estos fondos tienen en la economía real, tal y como se muestra en los análisis realizados por varias instituciones económicas. Por su parte, el Gobierno calcula un impacto económico sobre el nivel del PIB de 2,6 puntos porcentuales de media al año.
Así, la Airef reduce a un 1,1% el impacto sobre el crecimiento económico de los fondos europeos, una tercera parte de lo estimado por el Gobierno, mientras que el Banco de España viene estableciendo una horquilla que va desde el 1,1% hasta el 1,75% en función de la capacidad de movilización que demuestre la administración y el mayor o menor acierto en el destino de las inversiones elegidas por el Ejecutivo y de las reformas estructurales que se impulsen desde los diferentes ministerios. En el mejor de los casos, su impacto superaría en poco la mitad de lo que estima el Gobierno.
En esta misma línea, la misión de eurodiputados de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que visitó nuestro país el pasado mes de febrero recomendaba al Gobierno que garantice la accesibilidad y la claridad de la información sobre los fondos europeos.
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