Barcelona, 12 jun. El gerente del Consorcio de Vivienda de Barcelona y otros tres técnicos municipales han negado ante la jueza que recibieran instrucciones de la alcaldesa en funciones, Ada Colau, en los expedientes vinculados al fondo de inversión Vauras, sancionado por no ofrecer alquiler social a familias desahuciadas.
El gerente, Javier Burón, un responsable de servicios jurídicos, la jefa de la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento y una funcionaria que confeccionó los informes sobre las familias afectadas han declarado este lunes como testigos ante la jueza que investiga la querella por coacciones y prevaricación que Vauras presentó contra Colau y contra los concejales Lucía Martín y Marc Serra.
Vauras les acusa de haberle amenazado con detener o paralizar las licencias de obras de edificios que estaba construyendo si no ofrecían pisos de alquiler social a las familias vulnerables que pretendían desahuciar del edificio de Barcelona conocido como "Bloc Llavors".
Las presuntas coacciones habrían tenido lugar en una reunión en la que, según explicó el pasado viernes en el juzgado el administrador único de Vauras Investments, Bernat Palau de Belza, los concejales recordaron al fondo inversión se le podría aplicar un artículo de la ley catalana de vivienda que preveía sanciones a los grandes tenedores que no ofrecieran alquiler social temporal a las familias a las que desahuciaran.
Con arreglo a ese artículo de la legislación, que el Constitucional tumbó posteriormente, el Ayuntamiento impuso una sanción al fondo inversor, que fue propuesta por los servicios jurídicos -por un importe mínimo de los previstos en la normativa- y aprobada por el gerente.
Ese proceso, han precisado los testigos, lo llevaron a cabo los técnicos municipales sin recibir ninguna indicación ni de la alcaldesa ni de los otros dos concejales querellados que habían asistido a la reunión con los responsables de Vauras.
También han negado los testigos cualquier injerencia de los querellados en el proceso de elaboración de los informes de exclusión residencial que se expidieron a los inquilinos que iban a ser desahuciados, requisito para acceder a una vivienda de alquiler social.
El fondo inversor ha puesto en cuestión esos informes de exclusión social, alegando que algunos de los inquilinos a los que se expidieron no reunían los requisitos para ser considerados de exclusión residencial dado que tenían familiares que sí contaban con solvencia económica suficiente para costear una vivienda.
No obstante, los testigos han puntualizado que la ley no obliga a examinar el patrimonio familiar de un inquilino antes de considerarlo apto para acceder a alquiler social y que, en cualquier caso, los servicios municipales no tienen posibilidad de acceder a ese tipo de informaciones.
A LA ESPERA DE LA GRABACIÓN DE LA REUNIÓN
La investigación de esta querella, que se presentó en 2020 pero fue archivada inicialmente hasta que la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso, está ya ultimada, dado que la jueza instructora ha decidido no prorrogar la instrucción una vez transcurridos los seis meses de plazo máximo que prevé la ley.
Está previsto que la magistrada dicte en breve un auto para archivar la causa o enviarla a juicio, aunque todavía está a la espera de que Vauras le entregue la grabación en audio de la conversación mantenida en la reunión donde el fondo inversor asegura fue objeto de coacciones.
El propio administrador del fondo aseguró en su declaración del pasado viernes ante la jueza instructora que guarda la grabación de esa conversación que supuestamente confirmaría su versión de los hechos, aunque en los tres años que lleva abierta la causa no la ha puesto a disposición del juzgado ni de la Audiencia.
La magistrada le dio el viernes un plazo de dos días para entregarla, lo que los querellantes todavía no han hecho. EFE
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