Tras el anuncio de Bruselas de retomar las reglas de déficit, muchos estados miembro se encuentran sin margen de maniobra para avanzar con sus inversiones en políticas industriales sostenibles y aumentar el apoyo a los hogares para implementar energías limpias. Uno de estos países es España, que se verá obligado a subir impuestos para cumplir con los objetivos de inversión climática de la Unión Europea sin excederse del límite de endeudamiento.
La Comisión Europea ha propuesto el Plan Industrial Green Deal como respuesta a la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, en el que se fija el objetivo de que los estados miembro tengan la capacidad de generar al menos el 40% de sus necesidades con energías limpias antes de 2030. Sin embargo, Bruselas ha reactivado cuatro años después las reglas fiscales que suprimió en 2020 para paliar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus: a partir de 2024 los países europeos no podrán registrar un déficit superior al 3%.
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Este encorsetamiento fiscal supone un problema para España a la hora de proseguir con su inversión climática. Según un estudio de New Economics Foundation, nuestro país no podría aumentar ni un 1% la partida destinada al impulso de fabricación y políticas verdes sin incumplir la senda fiscal. De esta forma, la única vía -según el informe- es el aumento de impuestos que compense el endeudamiento que generarían estas inversiones para alcanzar el objetivo climático acordado por la UE. Una encrucijada entre la economía y la transición ecológica en la que también se encuentran otros países como Francia, Países Bajos, Polonia, Bélgica, Finlandia, Rumania o Eslovaquia.
Otros estados como Italia, Croacia, Portugal, Grecia y Hungría están clasificados por la Comisión como de alto riesgo de deuda y estarían bajo presión para reducir los niveles de deuda en los próximos cuatro a siete años, por lo que sus inversiones climáticas tampoco podrían ajustarse a los objetivos marcados por Bruselas. Esto supone que, los países que representan el 50% del PIB de la UE no pueden cumplir con las necesidades de gasto ecológico recogidas en el Plan Industrial Green Deal.
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Y es que, según New Economics Foundation, para cumplir con las recomendaciones del Acuerdo de París -contener 1,5º la temperatura y reducir las emisiones de gases contaminantes un 65% de cara a 2030- el toque comunitario requiere de una inversión tanto pública como privada de cerca de 855.000 millones de euros al año. “La introducción de políticas industriales verdes requiere una reevaluación de las reglas fiscales. Es probable que las restricciones sobre la deuda y los déficits generen disparidades dentro de la UE, ya que los estados miembros más endeudados no podrán beneficiarse de las políticas industriales verdes, de la misma manera que los menos endeudados” concluye el texto.
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