El anuncio de la nueva ley de Vivienda propuesta por el ejecutivo de Pedro Sánchez ha traído todo tipo de reacciones. Mientras algunos de los socios habituales del Gobierno aplaudían la iniciativa, aunque recalcaban que llegaba tarde, barones autonómicos rechazaban de lleno la medida, desde Iñigo Urkullu hasta Isabel Díaz Ayuso. La realidad es que no es la primera ley de vivienda que existe en España. En 2020 en Cataluña se instauró una ley para controlar los precios de los alquiler, pero ¿qué resultados deparó?
La ley propuesta por el Gobierno dista en muchos aspectos de la que se llevó a cabo en Cataluña, hasta que el Tribunal Constitucional decretó que la norma excedía de las competencias autonómicas. Sin embargo, el experimento catalán es un gran ejemplo para ver qué resultados podría tener un control exhaustivo de los alquileres. Un estudio realizado por los profesores José García Montalvo, Joan Monras y Josep María Raya llamado ´Los efectos de la limitación de precios de los alquileres en Cataluña´ muestra los efectos contrarios que provocó la medida.
La ley de vivienda catalana imponía a los propietarios el precio de los alquileres según un índice oficial de referencia, sin excepciones. Por ejemplo, si en un contrato anterior el arrendador había cobrado un precio superior a lo indicado en el índice, este lo debía reducir a lo estipulado en la clasificación. Algo que podía suponer un problema si se tiene en cuenta que esta ley no hacía diferencias entre los grandes tenedores y los pequeños propietarios. Otro de los inconvenientes de esta medida fue que se realizó en tiempos de pandemia, lo que dificultó su análisis.
En un informe oficial elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana, la Diputación y la Generalitat se señalaba que la norma había permitido reducir las rentas en un 7,7% en la cuidad condal, mientras que en otros municipios había sido del 7%. No obstante, el nuevo informe analiza ya con perspectiva la situación y explica como los “efectos colaterales no deseados que señalan que el problema del mercado del alquiler en zonas tensas no es la existencia de grandes tenedores con poder de mercado, sino la falta de oferta”.
Durante el tiempo que esta medida estuvo en vigencia -en torno a un año y medio- se redujo una media de un 5% los alquileres. Esta situación a priori es positiva, pero tenía una letra pequeña. Y es que esta reducción se centró principalmente en los inmuebles más caros, mientras que en los pisos más baratos, a los que acceden la mayor parte de las familias, el efecto fue el contrario y se vio como aumentaron sustancialmente los alquileres.
En el estudio se explica que “mientras las propiedades caras de los municipios afectados por la ley experimentaron reducciones de precios para cumplir con la normativa, las propiedades baratas registraron aumentos. El índice de referencia actúa en sentido contrario al buscado, haciendo aumentar los alquileres de aquellas viviendas que se arrendaban por debajo del mismo”. Los autores del estudio señalan que no sólo se vio ese efecto adverso en el precio sino que también en la oferta, ya que se produjo un descenso de la oferta de pisos de alquiler de entorno a un 10%.
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