El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la movilización de 50.000 viviendas públicas de la Sareb –el denominado “banco malo”– para alquileres “asequibles”, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo durante la convención municipal del PSOE en Valencia. De ese total de viviendas, 21.000 se pondrán a disposición de ayuntamientos y Comunidades Autónomas, 14.000 ya están en uso y otras 15.000 se construirán en suelo cedido por la Sareb, la sociedad pública que se creó en 2012 para absorber los inmuebles y activos tóxicos de bancos y cajas de ahorro rescatadas tras la crisis.
Se trata de una medida que puede aliviar la situación económica de jóvenes y familias vulnerables, sin embargo, algunos expertos recuerdan que no resuelve el problema del alquiler, pues muchas de esas viviendas del plan del Gobierno no se encuentran en las zonas más tensionadas como son Madrid, Barcelona o Baleares.
En opinión de la profesora de Economía financiera de la Universidad Complutense de Madrid, Mónica Melle, el plan Gobierno es “positivo”, pero a la vez insuficiente. “Lo que hace falta tener un parque público de viviendas sociales en alquiler y esto es un proceso que requiere tiempo. Es una medida que va en la buena dirección, pero no es suficiente”, dice a Infobae.
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Debido al reto que supone, el Gobierno se ha fijado como objetivo alcanzar un 20% de vivienda en pública en España durante los próximos 20 años.
A la cola de Europa en vivienda social
España, donde en las últimas tres décadas ha primado el negocio inmobiliario y el concepto de propiedad privada, solo destina un 2,5% del parque inmobiliario al alquiler social, una cifra muy alejada de la media europea, que se sitúa en el 9,3%, según los últimos datos del Observatorio de Vivienda y Suelo relativos a 2020. Por detrás de España solo se sitúan cuatro países: Rumanía (1,5%), Estonia (1,7%), Croacia (1,8%) y Portugal (2%).
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Por el contrario, los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de vivienda social son Países Bajos, con un 30%, Austria, que destina un 24%, y Dinamarca, con casi un 21%.
En ese sentido, Melle explica que uno de los grandes problemas en España ha sido precisamente esa “cultura de la propiedad, que ha impedido crear un parque público de alquiler”, porque normalmente la población española “quiere tener vivienda en propiedad” y las acciones que se han realizado en vivienda protegida han sido precisamente para la compra, añade.
Si bien en la década de los años 80 España llegó a construir un 47% de viviendas con algún tipo de protección pública, con llegada de los años 90 y el boom inmobiliario, esa cifra bajó considerablemente, hasta el 21,6%, según los datos oficiales. Entre el 2000 y 2010 esa cifra se situó en en 10,7%, mientras que de 2010 a 2020 bajó hasta el 3,2%.
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No todas las regiones acatarán la ley
No obstante, las Comunidades Autónomas son las que asumen las competencias en materia de vivienda y ya hay algunas como Madrid que han expresado su oposición a la ley de Vivienda y han asegurado que no la aplicarán donde no sea obligatoria. “Donde no sea obligatorio no lo voy a hacer, recurriré en los tribunales que se pueda, [porque] es un atropello contra la propiedad”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Antena 3, sobre la norma que aún tiene que aprobarse en el Congreso.