El volumen de las reservas de bitcoin del Gobierno de El Salvador creció durante el año 2025 hasta superar las 7,539 monedas, según cifras oficiales hasta la noche del 21 de enero de 2026. Este crecimiento, que representa un aumento del 25 % en relación con el año anterior, permitió que el saldo en criptomonedas ascendiera a un valor estimado de $678.78 millones.
El avance destaca porque, a pesar del aumento de las reservas, el valor del bitcoin experimentó una caída del 6 % y terminó el año con un precio superior a 88,000 dólares, lejos del máximo histórico de 126,251 dólares registrado durante la sesión del 6 de octubre de 2025.
En la última semana, el gobierno salvadoreño reporta una compra de 8 bitcoin, por un valor de más de $719 millones. Y en los últimos 30 días, los registros indican que adquirió 31 criptomonedas valoradas en casi $2,787 millones.
De acuerdo con el historial de saldos del portal oficial bitcoin.gob.sv/, al 31 de diciembre de 2024 las reservas estatales de El Salvador sumaban 6,003.7 BTC. A lo largo de 2025, el país compró 1,513.6 BTC, elevando la tenencia gubernamental hasta las cifras actuales. El valor de estas reservas pasó de 561.23 millones de dólares a 658.02 millones, un incremento del 17 % en términos monetarios pese a la volatilidad de la cotización.
El Gobierno de Nayib Bukele adoptó una política activa de adquisición de bitcoin desde que El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en reconocer la criptomoneda como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense.
Esta medida se transformó en el eje central de la estrategia económica del presidente, aunque más del 90 % de la población manifestó su rechazo a utilizar bitcoin en transacciones cotidianas, de acuerdo con información oficial.
En el periodo reciente, la Asamblea Legislativa modificó la política monetaria luego de que el país alcanzara un acuerdo de 1,400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como resultado, se retiró a bitcoin la categoría de moneda de curso legal y se limitó la intervención del Estado en su circulación.
El FMI, al establecer como condición del préstamo la prohibición del uso de fondos estatales para adquirir criptomonedas, obligó al Gobierno a restringir oficialmente las compras. Sin embargo, El Salvador continuó incorporando BTC a sus reservas oficiales, conforme a los datos divulgados.
La última declaración del personal técnico del FMI confirmó en diciembre pasado que mientras las discusiones sobre el proyecto Bitcoin continúan en curso, las negociaciones para la venta de la billetera electrónica gubernamental Chivo han avanzado de manera significativa. La creación de la billetera digital fue con el fin de facilitar transacciones y el acceso a Bitcoin para la población salvadoreña.
Según el comunicado divulgado el 22 de diciembre de 2025, el FMI y el Gobierno de El Salvador mantienen el diálogo enfocado en mejorar la transparencia, proteger los recursos públicos y mitigar los riesgos asociados al uso de activos digitales.
El informe resaltó que se prevé la continuidad de la colaboración entre las autoridades salvadoreñas y el organismo internacional, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre las políticas y reformas necesarias para completar la segunda revisión del programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
De acuerdo con el organismo, la venta de la Chivo Wallet representa un paso relevante dentro del proceso de revisión, pues este instrumento ha sido uno de los principales vehículos para la circulación de Bitcoin en el país.
El FMI, en sus evaluaciones periódicas, ha insistido en la necesidad de reforzar controles, asegurar la transparencia en la gestión de fondos y evaluar los riesgos inherentes al sistema financiero local.
Expertos consultados por Reuters consideran que el avance en la venta de la Chivo Wallet podría influir en la percepción internacional sobre el manejo del proyecto Bitcoin y su sostenibilidad en la economía salvadoreña.
El seguimiento de las negociaciones entre el FMI y El Salvador permanece abierto mientras ambas partes buscan acuerdos que permitan avanzar en el programa de asistencia financiera y supervisión.
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