Desde ayer, los sindicatos docentes universitarios llevan adelante una nueva semana de paro nacional que se extiende por seis días consecutivos hasta el sábado 2 de mayo. La protesta se produce en la antesala de la marcha del próximo 12 de mayo, que autoridades universitarias, gremios y federaciones estudiantiles convocaron para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitaria.
El paro fue decidido en el marco del plan de lucha por parte de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y CONADU Histórica, con la participación de gremios de base como ADIUC (Córdoba), AGD-UBA (Buenos Aires) y ADIUNT (Tucumán), además de sindicatos no docentes en algunas universidades.
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La medida de fuerza afectará a las cátedras y clases de los docentes que adhieran a la huelga, junto a los colegios universitarios de jurisdicción nacional, como el Colegio Nacional Buenos Aires, o la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que dependen de la UBA.
Se espera que se vea alterada la cursada de miles de estudiantes, a partir de la interrupción de la enseñanza o modalidades de protesta como clases públicas.
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Las organizaciones sindicales sostienen dos reclamos principales: el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial. Según denuncian, la normativa vigente no se aplica en su totalidad, lo que impide la convocatoria a paritarias y la actualización de salarios conforme a la pérdida de poder adquisitivo perdida a raíz de la inflación.
Este año, los docentes rechazaron la propuesta oficial de incremento del 12 % en cuotas hasta octubre de 2026, por considerarla insuficiente ante una pérdida salarial acumulada de más del 50 % entre 2024 y 2025. Aceptar la oferta daría como resultado el agravamiento de la situación de sus ingresos.
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La medida se inscribe en una serie de huelgas escalonadas. El pasado 23 de abril, se realizó otra huelga en todo el sistema universitario, de la que participaron también las federaciones de personal no docente. En algunas facultades con comunidades universitarias más confrontativas, el arranque de la enseñanza permanece desde el comienzo del año totalmente alterada por el conflicto.
Los gremios advierten que, de no haber respuesta oficial, el plan de lucha continuará durante el semestre y ya convocaron a una nueva masiva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, donde está puesta toda la expectativa para dar una muestra de fortaleza.
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El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, intimó a los rectores de las universidades nacionales a garantizar el dictado de clases y a informar sobre las medidas adoptadas para asegurar el derecho a la educación durante la huelga. La cartera expresó preocupación por la suspensión completa de la actividad académica y solicitó a las autoridades un plan de contingencia que contemple la participación de los docentes que no adhieran, o instrumentar herramientas alternativas como clases virtuales o reprogramaciones.
“La situación descrita reviste especial gravedad, ya que los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone. El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender“, señaló el comunicado.
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A través de su cuenta personal de X, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, compartió la nota oficial y advirtió que, en caso de que las casas de estudio incumplan con estos requisitos, el Gobierno avanzaría con “la revisión de la asignación, ejecución y transferencia de recursos presupuestarios nacionales”. Es decir, dejó la puerta abierta a recortarle más partidas.
El Poder Ejecutivo no da el brazo a torcer. En medio de esta pulseada, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender los artículos 5 y 6 de la Ley N.° 27.795 de Financiamiento Universitario, luego de que la justicia exigiera el cumplimiento inmediato de estos puntos.
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Frente a la intimación oficial, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, insistió con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y señaló que el Ejecutivo reconoce, por primera vez, que el derecho a la educación no está garantizado en el país. Yacobitti advirtió que las universidades permanecen abiertas gracias al esfuerzo de docentes y no docentes, y ratificó la cuarta movilización del sector dirigida al presidente Javier Milei.
“No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”, apuntó Yacobitti.
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La escalada de la protesta ocurre en un contexto de deterioro salarial, precarización laboral y advertencias sobre la sostenibilidad de la actividad académica. Los sindicatos reiteran que la continuidad del plan de lucha dependerá de la respuesta del Gobierno y de algún avance en la recomposición salarial y el financiamiento de las universidades.