La migración es un fenómeno global que afecta a millones de personas y tiene múltiples repercusiones en las sociedades tanto de origen como de destino. Entre los desafíos que plantea la migración se encuentra el de garantizar el derecho a la educación, especialmente que sea de calidad tanto para los adultos que deciden migrar como para sus hijos, de igual manera está el reto de aprovechar el potencial que la educación tiene para favorecer la integración social y económica de esta población.
Según dos estudios que fueron publicados por varios organismos internacionales, entre ellos la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Los migrantes y refugiados estarían cubriendo varios vacíos en el mercado laboral del lugar al que llegan y estarían impulsando la demanda de bienes y servicios, con lo que se estaría elevando el Producto Interno Bruto de los países receptores de migrantes.
A pesar de que la mayoría de este grupo poblacional está en la edad adecuada para trabajar, posee un alto nivel educativo y se encuentra empleado, frecuentemente enfrentan el desafío de estar sobrecualificados para los puestos que ocupan y se ven obligados a participar en el sector informal, situación que restringe sus ingresos y deteriora su capacidad para acceder a una mejor calidad de vida.
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En este contexto, los informes destacan la importancia de implementar políticas específicas que promuevan la integración de los refugiados y migrantes en los mercados laborales formales y el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud, lo cual les permitiría aportar de manera más significativa en los países que los reciben.
Falta de homologación de títulos académicos
En el primer informe, titulado: “Venezolanos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú: una oportunidad para el desarrollo”, los investigadores resaltan que los migrantes venezolanos poseen, en general, un mayor nivel educativo en comparación con la población local de los países receptores. Con una educación secundaria completa, sobrepasan por dos años el promedio educativo local, con un 65% de ellos presentando estudios superiores en Chile y aproximadamente un 50% en Ecuador.
A pesar de este alto nivel de educación, estos migrantes se enfrentan con frecuencia a barreras en el reconocimiento de sus títulos académicos, lo que les lleva a ocupar puestos de trabajo más bajos que aquellos que tenían en su país de origen.
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Además, el documento señala que existe una alta demanda laboral para los venezolanos en el mercado de trabajo de estos países, donde Ecuador, Perú y Chile muestran tasas de empleo de más del 80% para este grupo, mientras que en Colombia, la cifra se sitúa alrededor del 63%. Esta estadística sugiere una integración significativa en las economías locales, aunque se vea mermada por el subempleo debido a la no validación de credenciales académicas.
“La contribución de los venezolanos a la economía podría ser mayor si se pudiera aprovechar por completo las competencias y calificaciones en los países de destino”, señala el estudio.
El impacto del desplazamiento forzado en la educación
Por su parte, el segundo estudio, “Integración socioeconómica de las poblaciones desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe”, señaló que los jóvenes desplazados por la fuerza en los países de la OCDE, es decir, Chile, Colombia, Costa Rica y México, enfrentan importantes barreras para continuar su educación y acceder al mercado laboral en comparación con sus pares locales.
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El estudio profundiza en cómo la condición de desplazamiento afecta negativamente la asistencia y permanencia en el sistema educativo de los niños y niñas, quienes registran menores tasas de escolaridad y una mayor propensión a abandonar los estudios prematuramente. Esta situación vulnera no solo el derecho a la educación de estos menores sino que también limita sus oportunidades futuras de integración y ascenso social. Además, resalta una brecha de género significativa en el mundo laboral, donde las mujeres desplazadas muestran menores tasas de empleo en comparación con los hombres, tanto desplazados como locales.
Estos análisis proporcionan una visión integral, señalando que la educación no solo es un derecho humano fundamental, sino también un factor clave para el desarrollo de las personas y las sociedades. La educación contribuye a mejorar las capacidades, las oportunidades y la calidad de vida de las familias, así como a fomentar la participación ciudadana y el respeto por la diversidad. Adicionalmente, la educación tiene importantes efectos sobre las migraciones y los desplazamientos, es un factor esencial en la decisión de migrar, e impulsa a buscar una vida mejor.