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Desalojos exprés: qué cambia para inquilinos y propietarios la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que trata el Senado

La Cámara Alta debate este jueves los cambios que introdujo Diputados. En caso de que se sancione cambiará el proceso y se acortarán los tiempos en que se debe abandonar la propiedad. Aunque la aplicación dependerá de las provincias

Una mano sostiene un juego de llaves sobre un contrato de arrendamiento desplegado junto a un bolígrafo y una calculadora sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara alta debate este jueves las modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que contempla cambios para los alquileres con “desalojos exprés”. Si el Senado aprueba el texto con los cambios introducidos en Diputados, la norma se convertirá en ley, aunque sus disposiciones no tendrán aplicación automática en la mayoría de las situaciones.

El eje del proyecto está puesto en la reducción de los tiempos de los procesos judiciales para recuperar inmuebles frente a ocupaciones, falta de pago o vencimiento de contratos. La propuesta establece procedimientos sumarísimos, fija una intimación previa para quienes alquilan viviendas y contempla intervenciones específicas cuando dentro del inmueble residan personas en situación de vulnerabilidad.

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La iniciativa no permite que los propietarios desalojen por sus propios medios. Incluso cuando exista una deuda o un contrato vencido, el dueño deberá promover una demanda y será un juez quien determine si corresponde ordenar el lanzamiento. La ejecución de esa decisión quedará a cargo de la Justicia y podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.

Este jueves, el Senado debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con los cambios que introdujo Diputados. (Foto: Mario Mosca)

La expectativa está en que este jueves el proyecto se convierte en Ley. Es que el 7 de agosto, el Senado el aprobó el proyecto en general por 37 votos contra 33, pero luego, Diputados introdujo modificaciones durante el tratamiento de la iniciativa. Por lo que hoy el debate en la Cámara alta se centra en esos cambios y en la posibilidad de que el texto se convierta en ley.

Tiempos más cortos

Para los inmuebles destinados a uso habitacional, el proyecto establece una instancia previa obligatoria antes del juicio. El locador deberá intimar al inquilino de forma fehaciente para que cancele la deuda y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos desde que reciba la notificación.

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Si el inquilino no regulariza la situación dentro de ese período, el propietario podrá iniciar una acción de desalojo. La iniciativa prevé que el expediente siga un trámite sumarísimo, con una discusión procesal más limitada y plazos más breves que los de los procesos ordinarios.

El proyecto señala un plazo adicional de 10 días hábiles para el trámite judicial. Sin embargo, que ese plazo se aplique no significa que la desocupación se produzca de manera automática. El proceso requiere una presentación judicial, la intervención de las partes y una resolución emitida por el juez competente.

El propietario antes de iniciar la acción judicial debe intimar al inquilino para que cancele la deuda y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos. (Foto: Ilustrativa Infobae)

La abogada Elisa Cerri explicó que la modificación impacta desde el primer reclamo formal por falta de pago. “El propietario puede intimar al inquilino a que pague y si en diez días no paga, ya le puede iniciar el juicio de desalojo”, señaló.

Cerri apuntó que el cambio propuesto acorta la duración de los conflictos que llegan a los tribunales y comparó los tiempos estimados del nuevo procedimiento con los plazos que, según indicó, pueden demandar los juicios actuales. “Hoy un proceso de desalojo te puede tardar dos, tres, cuatro años. El juicio sumarísimo, en teoría, debería durar seis meses. Yo creo que en la práctica va a durar de seis meses a un año, pero igual es una baja significativa”, sostuvo.

Cómo es el proceso

La reforma plantea que las demandas por recuperación de inmuebles se tramiten a través de un procedimiento sumarísimo. Ese mecanismo busca limitar las etapas procesales y reducir los plazos de discusión, pero no elimina la participación de la Justicia.

El propietario deberá presentar la demanda después de la intimación si el inquilino no paga. A partir de ese momento, un juez deberá analizar la causa y definir si corresponde el desalojo. La orden de lanzamiento solo podrá ejecutarse luego de una decisión judicial.

La iniciativa establece que, una vez dictada esa orden, la Justicia quedará a cargo de llevarla a la práctica. En caso de ser necesario, podrá contar con el auxilio de la fuerza pública. El dueño del inmueble no podrá realizar por sí mismo la desocupación ni sustituir el trámite judicial previsto.

El proyecto contempla casos de falta de pago y de vencimiento de contrato. Para esas situaciones, incorpora la opción de solicitar una desocupación inmediata bajo caución juratoria, compromiso del solicitante ante la Justicia. La medida deberá ser analizada por el juez que intervenga en el expediente.

Si luego se comprueba que el dueño ocultó hechos o documentos para conseguir la medida, deberá pagar una multa de hasta 10 veces el monto del alquiler mensual. La suma se destinará a favor de la contraparte dentro del proceso.

“En términos generales, las modificaciones buscan reducir la incertidumbre del propietario frente a los incumplimientos contractuales. Habrá que evaluar en la práctica si estas herramientas consiguen agilizar efectivamente los procesos judiciales”, sostuvo María Laura Canepa, Directora de Lisicki, Litvin & Abelovich. Aunque marcó que el desafío estará en lograr procedimientos más eficaces, sin afectar el derecho de defensa de los inquilinos.

Casos de vulnerabilidad

El proyecto contempla una situación específica cuando en el inmueble vivan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en condición de desamparo. En esos casos, el juez deberá convocar a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional transitoria.

Entre las áreas que pueden intervenir figura el Ministerio Público Tutelar. La participación de esos organismos busca que las personas alcanzadas por la situación tengan una respuesta de alojamiento temporal durante el desarrollo de la causa.

El plazo máximo previsto para esa alternativa habitacional es de 10 días. La intervención de los organismos públicos no paraliza el trámite de fondo ni suspende el juicio de desalojo. La demanda continuará su curso mientras se activa esa protección transitoria.

La norma diferencia la resolución sobre la posesión del inmueble de la asistencia que pueden requerir quienes se encuentran en situación de desamparo. El juez deberá promover la intervención institucional, pero el proceso judicial seguirá sujeto a los plazos y las decisiones que correspondan en cada expediente.

Alcance territorial

Otro aspecto central de la iniciativa es su alcance territorial. Cerri explicó que las normas procesales no tienen aplicación uniforme en todo el país, ya que cada jurisdicción cuenta con sus propios códigos de procedimiento.

“En la Argentina los códigos procesales son de aplicación local y los códigos civiles y comerciales son de aplicación nacional”, afirmó. Esa diferencia determina dónde se aplicarán las modificaciones que propone el proyecto para los trámites judiciales.

La reforma modifica artículos del Código Procesal y tendrá alcance sobre la Justicia nacional que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias conservarán su autonomía para dictar y aplicar sus propias reglas de procedimiento.

De ese modo, los cambios sobre intimaciones, juicios sumarísimos y pedidos de desocupación inmediata no se trasladarán de forma automática a todos los tribunales provinciales. Cada distrito mantiene la facultad de establecer las reglas procesales que rigen en su jurisdicción.

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