Una vez más, el Gobierno decidió postergar hasta julio el aumento del impuesto a los combustibles. Se trata de una medida muy utilizada por el Ejecutivo, tanto este año como el anterior, para morigerar los efectos sobre los costos del transporte, la producción agropecuaria y los presupuestos de automovilistas, así como también para evitar un impacto significativo en el índice de precios al consumidor (IPC).
El objetivo del decreto que se oficializó este lunes en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, es evitar que la suba llegue a los surtidores en el corto plazo y presione aún más sobre la inflación. La actualización, que debía aplicarse en mayo y junio, ahora recién impactará en los precios desde el 1° de julio.
“Que con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”, explica el documento oficial.
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Los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono se ajustan cada tres meses según la inflación, pero el Gobierno viene demorando esos aumentos desde 2024 para que no peguen todos juntos en los precios finales. Estos tributos, administrados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), influyen directamente en lo que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Con esta medida, el Ejecutivo vuelve a usar el diferimiento de impuestos como herramienta para contener el impacto en los precios de los combustibles, un rubro clave porque cualquier suba se traslada rápidamente al transporte, la logística y, en consecuencia, a los productos que llegan a las góndolas. Por ende, podría generar una suba de la inflación, justo en un momento en el que se espera que el IPC continúe con una tendencia a la baja.
Con el nuevo decreto, el Gobierno modificó nuevamente el cronograma de aumentos pendientes en los impuestos a la nafta y el gasoil. Antes, estos incrementos debían aplicarse en algún momento entre el 1° y el 31 de mayo de 2026, pero ahora el plazo se extendió hasta el 30 de junio. De esta manera, todos los aumentos acumulados correspondientes a 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026, que venían postergándose, recién comenzarán a regir desde el 1° de julio. El decreto, que entró en vigencia este lunes 1° de junio, permite así evitar que el ajuste impositivo impacte en los precios de los combustibles durante mayo y junio, trasladando el efecto a la segunda mitad del año.
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Los montos de ambos tributos se actualizan trimestralmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC. Además, existe un monto fijo diferencial para el gasoil destinado al consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.
La decisión llega en un contexto internacional complicado. Por el conflicto en Medio Oriente, el precio internacional del petróleo —utilizado como referencia en el país— ronda actualmente los USD 97,30 por barril, lo que ya pone presión sobre los costos internos.
Fin del “amortiguador”
Además, en julio vence el “amortiguador” de precios que prorrogó YPF a mediados de mayo y que luego adoptaron otras petroleras, como Shell, Puma y Axion. Ese mecanismo, pensado para frenar subas bruscas en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, mantendrá el precio de la nafta súper en torno a los $2.000 hasta principios de julio.
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El esquema toma como referencia un precio internacional del crudo mucho más bajo (unos USD 70) y la diferencia se acumula en cuentas compensadoras que las refinadoras deberán saldar cuando el precio internacional del petróleo baje. Esto, consecuentemente, hará que el precio final de los combustibles no se desacelere una vez finalizado el conflicto.