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El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA y fijó el plazo para concretar la venta del paquete accionario

El Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso para transferir la totalidad de las acciones de la empresa estatal. Se realizará mediante licitación pública nacional e internacional

El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA y fijó el plazo para concretar la venta del paquete accionario

Luego de que el Gobierno autorizara la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), el Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de venta de las acciones de la principal empresa estatal de agua potable y saneamiento del país.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 1198/2025, firmada por Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida afecta directamente al Estado Nacional, que posee el 90% del capital social de AySA, y a los usuarios del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para avanzar en este sentido, instruyeron a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a coordinar todas las acciones necesarias para cumplir con el proceso de privatización, en línea con lo dispuesto por el Decreto 494/2025 y la Ley 27.742, conocida como la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró a AySA “sujeta a privatización”.

La resolución lleva la firma del ministro Luis Caputo y entró en vigencia el mismo día)/Tomas Cuesta

El procedimiento contempla la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico, mediante licitación pública nacional e internacional, y la venta del remanente en bolsas y mercados del país.

De acuerdo con lo establecido, la privatización se realizará “mediante la venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al noventa por ciento (90 %) del capital social de dicha empresa”. Además, aclararon que no se otorgarán nuevas preferencias ni se implementará un nuevo programa de propiedad participada, manteniéndose vigente el actual.

El proceso se desarrollará bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas y la mencionada Unidad Ejecutora, que deberán garantizar la continuidad del servicio público de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales.

En simultáneo, el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó su imposibilidad de realizar la valuación en un plazo razonable, por lo que la resolución ordena contratar a una entidad bancaria del sector público nacional para esta tarea.

“El Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, manifestó que se encuentra imposibilitado actualmente de realizar la valuación del total de la empresa solicitada por Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) en un plazo razonable”, indica la resolución.

Uno de los puntos centrales del procedimiento es la tasación del paquete accionario de AySA

Fijaron un plazo de ocho meses desde su entrada en vigencia para concretar la venta del paquete accionario principal. Además, instruyeron a la Secretaría de Obras Públicas a elaborar la documentación licitatoria, técnica y contractual, incluyendo el contrato de concesión, con la intervención previa de la Unidad Ejecutora.

“La Secretaría de Obras Públicas de este ministerio deberá elaborar y gestionar la documentación licitatoria -técnica y contractual-, la que deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Agencia de Transformación de Empresas Públicas’, pudiendo solicitar la asistencia técnica y operativa de la empresa en cuestión”, señala el texto oficial.

La resolución también instruye a la Secretaría de Obras Públicas a tomar las medidas necesarias para que la privatización no afecte la continuidad del servicio público.

La decisión del Ministerio de Economía responde a la política de reducción de la participación estatal en empresas públicas y a la búsqueda de operadores privados para la gestión de servicios esenciales.

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