Las estimaciones del costo fiscal de los proyectos que se discuten en el Congreso son muy distintas entre los números que bosquejan en el Poder Ejecutivo y los que calculan en el mercado, pero en ambos casos la aprobación de las iniciativas sobre jubilaciones, Aportes del Tesoro Nacional y el reparto de Impuesto a los Combustibles Líqudos pondría seria presión a las cuentas fiscales.
En el Palacio de Hacienda reiteran que de manera anualizada -por ejemplo, para todo 2026 si se sancionaran esas leyes en tratamiento- el costo fiscal sería de 2,5% del Producto Bruto, explicado en 2,1% entre los proyectos previsionales, como el aumento de 7,2% a los haberes y una nueva moratoria, por un lado, y 0,4% entre ATN y coparticipación del ICL. Como comparación, el año próximo el Gobierno necesitaría un superávit primario de 2,2% del PBI para poder terminarlo con equilibrio financiero.
Solo para este año el costo fiscal sería la mitad de esas cifras. El Gobierno tiene un sendero fiscal este año muy fino para avanzar si quiere cumplir la “sobremeta” que se autoimpuso. El presidente Javier Milei había instruido a sus funcionarios, en los días previos al anuncio del acuerdo con el FMI, fijar un objetivo de superávit primario más alto del previsto, desde 1,3% del PBI hasta 1,6 puntos del Producto. Una diferencia de unos 2,5 billones de pesos. En el mercado sobrevuela la pregunta de cómo podría hacer para conseguir ese margen adicional y alcanzar ese número.
Por lo pronto, un cálculo hecho por Analytica da cuenta de un costo fiscal menor: sería de 0,49% del PBI para este año, explicado por un 0,31% de los proyectos jubilatorios y un 0,18% de ATN más combustibles. Para el 2026, ya anualizado, los números crecerían hasta 1,12% del Producto.
Invecq, en su análisis, calculó que “el costo anual de las mejoras previsionales -aumento en jubilaciones y bono- alcanzaría el 1,2% del PBI”. Agregó que “la reinstauración de la moratoria previsional sumaría 0,2% del PBI, y las iniciativas vinculadas a discapacidad implicarían un gasto adicional de 0,3% del PBI”.
El informe sostuvo que “en conjunto, estas medidas representarían un costo total anual de 1,7% del PBI” y advirtió que su implementación “solamente en la segunda parte del año bastaría para comprometer las metas fiscales oficiales”. Invecq explicó que con una proyección de superávit primario de 1,6% del PBI y equilibrio financiero para 2025, la puesta en marcha de estas medidas reduciría el resultado primario “al punto de no alcanzar para cubrir el pago de intereses”.
Finalmente, el documento señaló que “la aprobación de estas medidas cambiaría por completo el rumbo fiscal de 2025”. Remarcó que, dado el volumen de beneficiarios del sistema previsional, “incluso incrementos que pueden parecer modestos a nivel individual se traducen en un impacto fiscal agregado significativo”, y subrayó que “sin una compensación mediante recortes en otras partidas del gasto será difícil ampliar los recursos destinados a jubilaciones sin poner en riesgo las metas de equilibrio fiscal”.
La Fundación Mediterránea publicó un informe específico sobre la discusión sobre los ATN y minimizó cuál sería el impacto para la Nación, en línea con el argumento de los gobernadores. Ese trabajo explicó que el proyecto “propone distribuir de manera automática y diaria el 100% de los recursos que ingresan al fondo de los ATN, según las proporciones previstas por la distribución primaria y secundaria de la ley de coparticipación federal de impuestos”. Indicó que esta modificación implicaría un cambio sustancial respecto al esquema original, ya que eliminaría la posibilidad de asignación discrecional por parte del gobierno nacional y sumaría esos fondos al reparto automático.
Señaló que “mientras que en el diseño original el 100% de los fondos debían ser distribuidos entre las provincias, de aprobarse el gobierno nacional pasaría a recibir un 41,2% de la distribución”. Precisó que, considerando la práctica reciente, la Nación resignaría recursos: “gracias a la subejecución del fondo la Nación se apropió de casi el 90% de los recursos, mientras que con el proyecto esa proporción se reduce a menos de la mitad”.
El informe detalló que “la mayoría de ellas ganaría recursos con la distribución propuesta en el proyecto de ley”, salvo la provincia de Chubut. Resaltó que “Córdoba sería la más beneficiada con ingresos adicionales que implican una mejora equivalente al 2,5% de lo que recibe por coparticipación”. Además, estimó que “el costo fiscal nacional sería del orden de 0,05% del PBI”, cifra que comparó con un superávit financiero esperado para 2025 de 0,4% del PBI.