El mismo día en que ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por su proceso de expropiación, la jueza Loretta Preska del segundo distrito de Nueva York, tomó otra decisión desfavorable para la Argentina. La magistrada ordenó entregar acciones de YPF al fondo buitre Bainbridge Fund, que cuenta con una sentencia a su favor y en contra del país por USD 95 millones más intereses por la deuda en default, tras haber rechazado el proceso de reestructuración.
“Esta es la segunda decisión adversa en un solo día que involucra la participación de Argentina en la petrolera nacional”, explicó el experto Sebastián Maril, de Latam Advisors, en su cuenta de X.
Bainbridge Fund es un holdout, uno de los fondos que se negó a aceptar la reestructuración de la deuda que se encuentra litigando contra la Argentina desde 2016. de la causa por la reestructuración de deuda en default que litiga contra el Tesoro nacional desde 2016 y ya tiene sentencia firme a su favor.
Oportunamente, fue autorizado por el tribunal a hacer un discovery de activos soberanos. Esto es, a solicitar a la corte que fuerce al país a dar información de sus activos y dónde están siendo custodiados. El discovery persigue el objetivo de detectar bienes y activos embargables para que los acreedores puedan cobrar.
En 2024, según explicó Maril, Bainbridge había solicitado a Preska que la Argentina brinde información sobre el destino y uso del oro perteneciente al Banco Central y depositado en Europa. También inició un pedido en la misma dirección sobre las acciones de YPF en manos del Estado.
Hoy Preska habilitó que Bainbridge pueda cobrar una parte de la deuda proveniente de la sentencia a su favor con acciones de YPF el mismo día en que ordenó que Burford Capital, el fondo que compró el juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, reciba el 51% del paquete accionario de la compañía. El Gobierno anticipó que apelará el fallo “en todas las instancias que corresponda”, según señaló el presidente Javier Milei en un posteo en X.
La decisión de Preska está encuadrada en la demanda por la que el Estado argentino ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones. La apelación deberá llegar rápido porque la magistrada indicó que las acciones se entreguen en un lapso de 15 días.
Burford Capital, principal beneficiario del fallo condenatorio contra el país, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado. También había solicitado embargos y otras medidas, todas apuntadas a lo que fuentes vinculadas con el caso definieron siempre como “presiones para negociar”.
Es que Burford compró los derechos a litigar de esta causa que ya lleva una década y por la cual el país tuvo varios reveses en las cortes de EEUU.
“La decisión es absolutamente inédita (por eso se opuso el Departamento de Justicia del gobierno de EEUU en su escrito amicus respaldando la postura de la defensa argentina). Se puede apelar y la propia Preska, o en su caso la Court of Appeals, debería suspender los efectos de esta decisión”, destacó una fuente con conocimiento de la causa que pidió reserva de nombre.
“Es imposible que sin aprobación de Congreso se entreguen las acciones. Si Milei quisiera hacerlo, sería un problema para Burford porque debería hacer una oferta pública, algo que ni por cerca quiere hacer. Ellos quieren negociar. Desde hoy, YPF tiene que vivir con el fantasma de que un día de estos una corte le diga que su propitario no es el Gobierno, sino un fondo buitre que le compre las acciones a Burford, y listo. Deberán vivir con ese fantasma por mucho tiempo. Argentina va a apelar, sin dudas, algo que puede durar un año y medio, y podría haber negociaciones en el medio, algo que hasta ahora el país nunca quiso hacer. Ahora deberá hacerlas”, le dijo Maril a Infobae.