La Justicia estadounidense ordenó este lunes al Estado argentino a renunciar a su participación del 51% en la petrolera YPF para cumplir parcialmente con una sentencia judicial contra el país, por la que debe pagar 16.100 millones de dólares.
La dura sentencia contra la Argentina empujó por la tarde a una amplia caída de 8% para las acciones de la petrolera en Wall Street, donde el ADR rozó los 30 dólares. Al cierre, con una ligera recuperación de las posiciones, YPF quedó a USD 31,54, con una caída de 5,6 por ciento.
La jueza de distrito estadounidense Loretta Preska en Manhattan determinó que Argentina debe transferir sus acciones de YPF en un plazo de 14 días a una cuenta de custodia de BNY Mellon e instruir a dicho banco a transferir las acciones a los demandantes en un plazo de un día hábil.
El Gobierno de Javier Milei estuvo apelando la decisión de Preska de septiembre de 2023 de otorgar los 16.100 millones de dólares a Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital Management, representadas por la firma de financiación de litigios Burford Capital.
Justamente las acciones de Burford se dispararon 22% después de conocido el fallo en Nueva York, por encima de los 14 dólares.
Preska ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera la petroleraa los beneficiarios del fallo por la nacionalización de la empresa en 2012, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. El paquete accionario en cuestión fue adquirido por el Estado argentino a Repsol y actualmente permanece bajo control estatal.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y que reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización.
El país podrá apelar el fallo. No obstante, en marzo Preska había rechazado el pedido para investigar cuáles fueron los términos en que fue nacionalizada para compañía petrolera. De hecho, el presidente Milei indicó en un mensaje a través de la red social “X” que “sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”.
Los papeles de YPF ya venían golpeados este año, con baja del 25%, en un contexto bajista para los precios del petróleo, que en los mercados internacionales ronda actualmente los 65 dólares, lo que pinta un panorama sombrío para la industria petrolera mundial. Los inversores se preparan para que la OPEP+ aumente la producción, ante la preocupación de que los aranceles del presidente Trump afecten a la economía mundial y frenen la demanda del combustible.
YPF es la petrolera más grande del país y quien lidera las actividades de exploración y explotación en la formación Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo.
El desplome de YPF se contagió a todos los papeles del rubro energía. Pampa Energía cayó 1,5%, Vista Energy cedió 1% y Transportadora Gas del Sur perdió 1,7 por ciento.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 2,3% a 1.994.825 puntos, luego de tocar un piso intradiario desde el 6 de noviembre de 2024.
El fallo indica que la transferencia alcanza a las acciones Clase D en poder de la República Argentina, pero no detalla el volumen total de esos títulos. Sin embargo, el analista financiero Sebastián Maril -especialista en litigios vinculados con deuda y expropiaciones argentinas- interpretó que se trata del 51% del capital accionario de YPF. En palabras de Maril, “la jueza Preska ordena a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo como parte de pago de la sentencia”.
Maril, al frente de Latam Advisors, ya advirtió antes sobre las consecuencias de no resolver estos litigios. En diciembre de 2024 sostuvo que la Argentina debía comenzar a considerar estos fallos como “activos” y no como “pasivos”. Para el analista, resolver los casos pendientes contribuiría a recuperar credibilidad institucional al “mostrar al mundo que empezamos a cumplir con los contratos y a respetar el Estado de Derecho es clave para atraer inversiones”.