El Gobierno avanzó en la regulación del ecosistema cripto con la aprobación de la Resolución General 1058/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que establece el marco normativo para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs). La medida impone la obligatoriedad de inscripción en un registro oficial y fija requisitos en materia de ciberseguridad, prevención de lavado de dinero y custodia de activos virtuales.
La regulación surge en cumplimiento de la Ley Nº 27.739, que designa a la CNV como el organismo encargado de supervisar a los PSAVs. Tras un proceso de consulta pública, la normativa fue ajustada con aportes del sector. Según el presidente de la CNV, Roberto Silva, “hemos trabajado mucho en esta norma con el objetivo de que sea eficaz y cumpla con la Ley, manteniendo un equilibrio para no sobrerregular ni imponer costos innecesarios a la industria, impulsando la innovación”.
La resolución establece los principios y condiciones que regirán a las plataformas que operan con activos virtuales, y define reglas de actuación, normas de transparencia y requisitos prudenciales. Entre los aspectos centrales, la normativa contempla la segregación de cuentas, auditorías anuales y la obligación de informar sobre convenios celebrados con terceros. Asimismo, los PSAVs registrados podrán delegar ciertas funciones en filiales extranjeras o terceros locales, aunque mantendrán la responsabilidad plena sobre sus operaciones.
La CNV tendrá facultades para suspender o revocar inscripciones en caso de incumplimiento. Además, las plataformas que operen sin registro podrán ser bloqueadas en Argentina mediante orden judicial. La normativa también establece un cronograma de adecuación. Los PSAVs deberán registrarse antes de las siguientes fechas según su condición legal: personas humanas, hasta el 1º de julio de 2025; personas jurídicas constituidas en Argentina, hasta el 1º de agosto de 2025; personas jurídicas extranjeras, hasta el 1º de septiembre de 2025. La totalidad de la norma entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2025.
Este nuevo marco regulatorio se enmarca en un contexto de creciente supervisión estatal sobre el ecosistema cripto. En los últimos meses, el Gobierno avanzó en diversas iniciativas para regular las operaciones con activos digitales. En febrero, se publicó una resolución que establecía el marco preliminar para la regulación de las billeteras virtuales, que incluye la necesidad de mayor transparencia en su operación y un esquema más estricto de control sobre los fondos de los usuarios. La CNV también señaló la importancia de alinear estas regulaciones con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que supervisa el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero a nivel global.
Por otra parte, la CNV aclaró que su rol regulador se limita a los PSAVs y no a los activos virtuales en sí. No obstante, en los casos en que los activos sean considerados valores negociables y sean ofrecidos públicamente, quedarán sujetos a la Ley Nº 26.831 del mercado de capitales.
La iniciativa busca dotar de mayor seguridad y transparencia al ecosistema cripto en Argentina, en un contexto donde crece la adopción de monedas digitales y billeteras virtuales. La regulación también apunta a cumplir con estándares internacionales en materia de supervisión financiera y prevención de delitos económicos.
La reacción de las empresas
La CNV destacó que la reglamentación fue elaborada en base a un proceso de consultas con las principales operadoras de criptoactivo del país. Desde el sector privado, si bien se elogió esa actitud por parte del regulador y hubo una reacción positiva hacia la reglamentación, se destacó un punto pendiente que puede ser vital para la actividad: la carga impositiva del sector. La Cámara Argentina Fintech presentó una propuesta de reforma tributaria para la actividad hace más de un año.
La Resolución de la CNV es “un avance en un proceso que debe ser gradual e inteligente” para evitar excesos normativos “que obstaculicen la innovación”, consideró Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos de Lemon.
“El sector ha sido parte de ese proceso, aportando ideas que fueron bien recibidas por el regulador. Este proceso debe seguir. Por ejemplo, el tratamiento tributario de los Activos Virtuales en Argentina aún enfrenta desafíos debido a normas desactualizadas o inequidades frente a otros instrumentos de inversión”, agregó Frindenberg, quien pidió “repensar el marco tributario” de la actividad y, sobre todo, “eliminar distorsiones y apuntalar los mismos objetivos que se pretenden con este nuevo Registro: la integridad de los mercados y la protección del inversor, entre otros”.
Por ejemplo, cito el caso de Colombia donde una norma presentada en el Congreso incluye cláusulas tributarias. Plantea que las stablecoins, como USDC o USDT atadas al dólar, deben recibir el mismo régimen tributario del activo que lo respalda, “evitando el contrasentido de que un criptodólar custodiado en un exchange sea castigado con relación a un dólar depositado en un banco”.
En Bitso, también hubo elogios para la norma porque “aporta claridad y seguridad al ecosistema y establece lineamientos sobre transparencia, custodia de activos y prevención de lavado de dinero”, además de considerar positivo que la CNV haya convocado a una consulta pública.
Al mismo tiempo, en la empresa hicieron algunas salvedades. “Es clave que la regulación fomente la innovación y la inclusión financiera, sin generar barreras innecesarias que podrían frenar el crecimiento de la industria y limitar el acceso de los usuarios a soluciones financieras basadas en criptoactivos”, explicó Julián Colombo, CEO de Bitso, quien explicó que la empresa está abierta al diálogo con los reguladores.
Colombo también recalcó el peso de la cuestión impositiva: “Hay un punto fundamental que debe resolverse: necesitamos que la cancha esté nivelada en materia tributaria. Actualmente, estamos siendo discriminados frente a otras fintechs, lo que pone en desventaja a la industria cripto y frena su potencial de crecimiento en Argentina. Es esencial que se corrijan estas asimetrías para que podamos competir en igualdad de condiciones y brindar mejores servicios a nuestros usuarios.”