Mediante un decreto que podría sancionarse en los próximos días, el Gobierno prepara un nuevos cambios en la reglamentación de las prepagas con el objetivo de evitar un aumento de sus precios. A partir de esa norma, las empresas de medicina privada podrán actualizar las cuotas de sus planes en forma diferenciada en lugar de aplicar un único porcentaje para todos sus afiliados, tal como sucede en la actualidad.
Hasta ahora las prepagas podían establecer libremente el valor de la cuota pero no tenían permitido aumentar en mayo medida a los planes más caros. De esa forma, explicaron fuentes confiables a Infobae, se generaba “una gran asimetría, ya que los afiliados de los planes más económicos, que son muchos más en cantidad, terminaban subvencionando a quienes tenían planes más caros”.
“Los planes tienen pirámides de costos bien diferentes, con lo que es necesario que ajusten de manera diferencial. Aplicar el mismo aumento porcentual a todos los afiliados, tal como sucedió hasta ahora, es prácticamente un subsidio de la base de la pirámide de afiliados a prepagas a los de la cumbre, los de mayor poder adquisitivo” agregaron.
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En medio de su pelea para evitar aumentos que impacten sobre la inflación, el Gobierno aspira a que esta medida permita actualizaciones más bajas para los planes más baratos y “una asignación más eficiente de los costos asociados a la prestación de servicios de salud”.
Por otra parte, el decreto incluye además un cambio sustancial en el tratamiento de los afiliados de mayor edad. Se definió que los precios de las cuotas para los afiliados de la franja etaria más alta no podrán superar el triple de lo pagan los afiliados jóvenes por el mismo plan.
El decreto también dispuso que las prepagas tengan sus planes de salud disponibles para los mayores sin límite de edad, tanto para afiliados nuevos como para los ya existentes.
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Actualizar los planes de salud privada sin estar atado a un único porcentaje, entiende el Gobierno, evitará un perjuicio directo a la clase media que solo generaba distorsiones en el sistema y atentaba contra la libre competencia.
Las fuentes al tanto de la elaboración del decreto, cuyo contenido final aún se discute entre funcionarios y empresas, explicaron que la medida ya estaba prevista cuando se desreguló el aumento por zona geográfica durante 2024 y que apunta a intensificar lo que el ministerio de Salud considera un reordenamiento del sistema sostenido, tal como marca el discurso oficial, en la libre competencia entre las empresas y la libertad de elección para el usuario.
Fin de la triangulación
La decisión del Gobierno llega en una instancia crucial para el sector. A partir de febrero, el Gobierno terminó con la triangulación de los aportes, con lo que se eliminó la intermediación de algunas obras sociales que captaban los aportes y los derivaban a las prepagas sin prestar ningún servicio.
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Por esa medida, hay 1.400.000 afiliados que dejaban parte de su aporte en una obra social que pasarán a integrar la totalidad de ese dinero a la prepaga de su elección, a menos que pidan expresamente seguir dejando parte de su dinero a una obra social.
Con este cambio, el Gobierno aspira a que las prepagas reduzcan sus cuotas ya que recibirán cerca de $180.000 millones mensuales que antes quedaban en manos de las obras sociales que intermediaban.
Hasta la implementación de la resolución 1/2025 del ministerio de Salud que desreguló la triangulación, los trabajadores en relación de dependencia que elegían una prepaga giraban a una obra social entre un 3% y un 10% de su aporte en concepto de intermediación. Según la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), esta triangulación permitió durante décadas la creación de estructuras que no brindaban servicios reales, denominadas “sellos de goma”, cuya única función era captar esos fondos.
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