Como trascendió en las últimas horas, el Gobierno disolverá la Administración General de Puertos y creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo que tendrá entre sus principales funciones el control de la Hidrovía del Paraná, un troncal fundamental para la economía argentina cuyo dragada está en proceso de licitación.
Infobae accedió al texto del DNU que se publicará en el Boletín Oficial el lunes próximo, según confirmaron fuentes de Casa Rosada. Allí se describen las funciones de la nueva Anpyn, un organismo autárquico en la órbita del ministerio de Economía que comanda Luis Caputo, con personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.
En la misma norma, además, se disuelve no sólo la AGP sino que también la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
La nueva Anpyn asumirá el rol de concesionario de la hidrovía hasta tanto se adjudique la licitación. Luego de establecido el nuevo contrato de concesión, la agencia “establecerá los procedimientos y mecanismos para llevar a cabo la fiscalización y el control, por sí o a través de terceros, de la concesión”.
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Manuel Adorni, vocero presidencial, realizó un posteo en X sobre el tema. “Se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegios. La nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) concentrará sus funciones y las de otros dos organismos, ganando así en eficiencia y transparencia, además de lograr menores costos”, dijo.
Y agregó: “Se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal y se venderán inmuebles y activos innecesarios. La cúpula directiva de la AGP será completamente removida”.
Ayer se supo que el organismo estará a cargo del actual subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor. Se trata de un abogado –que pasó por estudios grandes como M&M Bomchil y Marval y O’Farrell & Mairal– y cuenta con un máster en administración de negocios. En mayo había reemplazado a Pablo Piccirilli en la subsecretaría. Durante el gobierno de Cambiemos fue director provincial de Compras y Contrataciones en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de María Eugenia Vidal.
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Funciones y atribuciones
Según el decreto presidencial, estas serán las principales funciones y atribuciones de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
- Asesorar al Ejecutivo en la habilitación de los puertos.
- Controlar dentro del ámbito de la actividad portuaria el cumplimiento de las disposiciones y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten en el orden competencia nacional
- Controlar que los titulares de las habilitaciones portuarias otorgadas, den cumplimiento a los proyectos constructivos y operativos que justificaron su solicitud, y den a los puertos e instalaciones portuarias la finalidad que condicionó la habilitación. Podrá suspender dichas habilitaciones hasta que sean restablecidas las condiciones exigidas o cancelarla definitivamente, cuando circunstancias objetivas y debidamente probadas, acrediten la imposibilidad de su restablecimiento.
- Promover y hacer efectiva la modernización, eficacia y economicidad de cada uno de los puertos del Estado Nacional.
- Estimular y facilitar la inversión privada en la explotación y administración de los puertos
- A su requerimiento, dar asesoramiento técnico y jurídico a las provincias y/o municipios que promuevan las instalaciones de puertos en sus respectivos territorios.
- Fijar las políticas generales en materia portuaria y de administración y explotación de vías navegables.
- Establecer acuerdos delimitando las responsabilidades en el dragado de accesos y dársenas de cada puerto, en el caso que ello fuera necesario en zonas donde la responsabilidad sea de dudosa o conflictiva determinación.
- Ejercer la responsabilidad primaria en materia ambiental y establecer los procedimientos de evaluación y emisión de las declaraciones de aptitud correspondientes a las obras y actividades en los puertos y vías navegables en coordinación con las autoridades competentes, controlando subsidiariamente el cumplimiento de las leyes o reglamentaciones que resulten de aplicación en la materia.
- Ejercer el control de las concesiones, operadores y actividades del Puerto de Buenos Aires y el poder de policía e imposición sobre el establecimiento y los bienes muebles e inmuebles que lo integran.
- Promover la asociación público-privada y la inversión privada en centros de transferencia de carga, instalaciones ferro portuarias y de infraestructura y servicios logísticos, tendientes a reducir los costos del transporte multimodal y la eficiencia, eficacia y competitividad en beneficio de la navegación y el comercio exterior.
Licitación
En el proceso de licitación de la vía navegable de más de 3.400 kilómetros –el principal canal comercial de América del Sur–, las principales competidoras son Jan de Nul, actual operadora, y otras firmas de Bélgica y Holanda, como Boskallis y DEME Group.
La resolución que reglamentó el proceso de licitación establece en su artículo 16° que quedan excluidas de participar las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”. Este punto resulta determinante para empresas como Shanghai Dredging Co., filial de la China Communications Construction Company (CCCC), que queda automáticamente fuera de la competencia debido a su carácter estatal.
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Shanghai Dredging Co. no opera como una firma privada tradicional. Es una filial de CCCC, una de las mayores corporaciones estatales chinas, que ejecuta proyectos alineados con los intereses estratégicos de Beijing. Además de proyectos de infraestructura como dragado y mantenimiento portuario, CCCC desempeña un papel central en las ambiciones geopolíticas y militares de China.