Así como los bancos están en pie de guerra frente a la carga impositiva que les llega desde los gobiernos provinciales y municipales, ahora le tocó el turno a las fintech. La provincia de Santa Fe incluyó en la ley de Presupuesto 2025 un incremento del 5% al 9% en la alícuota de Ingresos Brutos para los Proveedores de Servicios de Pago(PSP), lo que incluye a las billeteras virtuales y a diversos prestadores financieros.
Como es esperable, la suba del impuesto que se cobrará a las empresas encarecerá los servicios financieros para sus usuarios, en especial los comercios que utilizan los PSP para sus cobros cotidianos y otras operaciones.
Desde la Cámara Argentina Fintech, aseguraron que esa alícuota del 9% es “confiscatoria” y que la medida “tendrá efectos regresivos e ineficientes, afectando directamente a comercios, empresas de servicios y consumidores finales”. Señalaron además “su profunda preocupación” ante el proyecto de ley que establece la política tributaria para el año próximo.
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El Presupuesto 2025 santafesino ya fue aprobado por el Senado provincial y será tratado el jueves 19 por la cámara de Diputados. En su artículo 26° dispone el aumento de la alícuota en el Impuesto a los ingresos Brutos. Y agrega otro elemento que, según la Cámara Fintech, “genera un grado de incertidumbre adicional para las empresas”. El proyecto condiciona la aplicación de una alícuota reducida del 6,5% a la implementación de un “Programa de apoyo a micro y pequeños comercios”, un plan que hasta la fecha “no ha sido creado y cuyo contenido es desconocido”.
“Ante la inminencia del inicio del período fiscal 2025, esta situación podría implicar que los PSP tributen automáticamente al 9% desde el 1 de enero próximo. El incremento de la alícuota al 9% no solo resulta desproporcionado para un sector caracterizado por márgenes bajos y alta dependencia de la tecnología, sino que se trata de una medida que desincentiva la inversión en la provincia, encarece los servicios y afecta particularmente a las pequeñas y medianas plataformas tecnológicas”, señaló la Cámara Argentina Fintech.
En la entidad aseguran haber tratado en las últimas semanas con los bloques parlamentarios y con el gobierno provincial para advertir que la sanción de esta norma podría “afectar seriamente la viabilidad” de muchas billeteras. Se trata de empresas que tienen como actividad central los pagos digitales, “un negocio de márgenes muy finos” que podría no resistir una alícuota superior al 5%.
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Las fintech dedicadas a dar préstamos ya tributan en Santa Fe una alícuota diferenciada del 8,5%, por lo que de concretarse el cambio añadirían otro 0,5% que se trasladaría a los tomadores de crédito.
La Cámara señaló que las plataformas de pago son “una herramienta clave para la inclusión financiera y la formalización de la economía” por lo que la aplicación de “cargas tributarias excesivas” desincentiva el uso de servicios de pago formales y fomenta el regreso al efectivo, “lo que impactará negativamente en la recaudación de la provincia”.
El antecedente en los bancos
De esta forma, llegó al mundo de las fintech una pelea que la banca tradicional, con el Banco Nación a la cabeza, viene sosteniendo desde hace rato con municipios y provincias. Cuando la provincia de La Pampa decidió subir Ingresos Brutos del 7,5% al 15,5% para la actividad financiera, el Nación anunció el cierre de 9 sucursales en suelo pampeano, lo que hizo que el gobernador Sergio Ziliotto diera marcha atrás con la medida.
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Otras situación similar se dio en diferentes distritos que elevaron en exceso las tasas municipales, con ejemplos que van desde La Matanza en el conurbano bonaerense hasta General Deheza en Córdoba. El Nación inició además distintas acciones judiciales, alegando la irrazonabilidad de las elevadas alícuotas, con diversas acciones a su favor en municipios de Avellaneda (Santa Fe), Cruz del Eje, General Deheza, ciudad de Córdoba, Jesús María, La Plata y Bariloche.
La última de esas acciones fue justamente en la provincia de Santa Fe, en donde el Nación obtuvo una medida cautelar a su favor en virtud de la tasa que quería cobrarle el municipio de Rafaela.