Si bien la mesa no está servida, al menos ya está puesta. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue bastante explícito en sus últimas declaraciones públicas respecto a qué está negociando el Gobierno con el Fondo Monetario, ahora que él mismo reconoció que la buena sintonía con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, habilita acuerdos que antes parecían “más difíciles de alcanzar”.
En esas tratativas, en las que el foco está puesto en cuánto, cuándo y para qué, el ministro actúa con paciencia. Privilegia no sólo el monto total de desembolsos, es decir cuánto, sino también el mecanismo de esos giros, cuándo. El “para qué” es, en todo caso, siempre el escollo más complejo de sortear ya que depende de la política cambiaria que terminen por consensuar. De eso dependen esencialmente, los tiempos del desmantelamiento del cepo cambiario.
Pero la falta de ansiedad oficial, al menos aparente, en la negociación, tiene una explicación. Los compromisos con el Fondo para el próximo año son relativamente sencillos de afrontar incluso sin un nuevo acuerdo. Los vencimientos con el organismo en 2025 ascienden a unos USD 3.000 millones, de los cuales sólo la mitad operan entre enero y julio. Esa cifra deja, en el peor de los casos, margen para evitar un acuerdo rápido pero “malo” desde la perspectiva oficial.
Eso no significa, sin embargo, que no existan apremios. Esto porque más allá de los pagos al FMI, la mayor carga está en los vencimientos de la deuda en dólares con los acreedores extranjeros.
El primero de ellos, sin ir más lejos, en enero del próximo año, para el que Caputo ya tiene los fondos reservados. Sin embargo, la cuenta total del año, más allá de los USD 2.700 millones en capital y USD 1.500 millones de intereses de Bonares y Globales a principios de año, es relativamente exigente. En todo el año, sumando también el pago de Bopreales, la suma asciende a USD 11.290 millones, un monto que Caputo, con o sin FMI, apunta a despejar.
Claro que con el acuerdo firmado, todo es más fácil. La fuerte caída del riesgo país, que se ubica en los 750 puntos básicos, todavía hace difícil pensar en una refinanciación de esos títulos. Pero sería ese el único camino si, en el Congreso, la oposición logra rechazar el DNU por el cual el Gobierno queda habilitado a realizar un canje de deuda que logre postergar esos vencimientos (y también los de los años siguientes que son más abultados). En ese escenario, que la muñeca política oficial logró evitar en el primer intento, el acuerdo con el Fondo Monetario sería de vital importancia ya que podría contribuir a seguir bajando el riesgo país al punto de recuperar el acceso al mercado internacional. Facilitaría, además, el cierre de la negociación por el préstamo REPO, lo que también contribuiría a bajar la tasa de riesgo.
Pero también si finalmente el Gobierno logra sostener el DNU y avanzar en el plan del canje de deuda en dólares, un acuerdo con el FMI mejoraría las condiciones. Particularmente porque, en ese marco, la salida del cepo cambiario se vuelve una posibilidad inminente, lo que podría disparar el interés de los inversores y la llegada de fondos frescos.
Más allá de los bonos en dólares y el vencimiento con el propio Fondo que sumados totalizan USD 15.300 millones, el Gobierno deberá hacer frente a otros vencimientos: unos USD 4.000 millones con otros organismos, más el pago a China postergado este año por USD 2.850 millones a lo que se agrega la deuda provincial, por un total de USD 2.645 millones que también presionarían sobre la disponibilidad de dólares.