El presidente Javier Milei enfrentará este miércoles una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria, la segunda en sus casi diez meses de mandato. La movilización se enmarca en el rechazo al veto presidencial de la ley que recompone el financiamiento de las casas de altos estudios, pero también en medio del reclamo por el ajuste en gastos de funcionamiento y en el salario tanto de docentes como de no docentes.
El recorte en las transferencias destinadas a las universidades es incontrastable, si se observan los datos del gasto “base caja”, es decir, los pagos efectivamente realizados por el Sector Público Nacional. En los primeros ocho meses del año, los giros acumularon una caída del 33,5% respecto al mismo período del año anterior, equivalente a una caída de $746.585,89 millones, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Es importante destacar que el Gobierno maneja de manera discrecional las partidas debido a que a falta de sanción el año pasado, fue prorrogado el Presupuesto 2023. Pero la proyección de gastos que propuso el Poder Ejecutivo para 2025 implica una continuidad en el sendero de ajuste o, en el mejor de los casos, no prevé una recomposición de fondos para las casas de altos estudios.
El Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) destacó que el proyecto de Presupuesto 2025, que aún debe ser tratado en el Congreso, tiene una proyección de $3,8 billones para las 62 universidades nacionales y sus dependencias. “La partida implicaría un desplome del 34,4% del presupuesto universitario en dos años”, explicaron.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) el gasto destinado a universidades tendría un aumento del 0,8% real para el año que viene respecto al actual, que no llegaría a compensar el deterioro de estos años. Esa pauta contempla que la inflación de 2025 sea 18,3% en todo el año.
La consultora Empiria calculó que las transferencias a universidades previstas para 2025 serían equivalentes a 5 puntos del PBI y alcanzaría el menor nivel de los últimos 20 años.
En las universidades señalan que los gastos de funcionamiento representan solo el 10% del presupuesto, mientras que el 90% corresponde a gastos en salarios.
En ese sentido, en relación a los salarios de docentes y personal no docente, Ciicti apuntó: “El presupuesto de las actividades 12 y 13 del Programa 26, que expresan la masa salarial aplicada a los salarios docentes y no docentes en universidades, tras caer más de 30 puntos reales en 2024, continuará deteriorándose en 2025. La retracción acumulada real en este bienio es del 37,2%”.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) aseguró que la pérdida del poder de compra acumulada es del 9,2% respecto a diciembre. Tal como detallaron, un auxiliar de primera con dedicación simple (nueve horas semanales) y diez años de antigüedad, que en diciembre percibía $132.035,51, en agosto pasó a cobrar un salario bruto de 232.531,90 pesos. La caída respecto a noviembre es del 23,71% ya que no se contempla el salto inflacionario de diciembre por la devaluación.
Es en este marco que ingresa el debate sobre la ley de Financiamiento educativo que sancionó el Congreso y que Milei dijo en varias oportunidades que vetaría, aunque hay dudas sobre si cuenta con los votos necesarios en ambas cámaras para evitar un revés legislativo.
La norma contempla una recomposición en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec sobre las partidas destinadas a las universidades y una actualización bimestral hacia adelante, con el descuento de los incrementos otorgados en lo que va del 2024. También propone un aumento de los salarios del personal docente y no docente para que alcancen los niveles de diciembre de 2023, en términos reales, para que luego sigan mensualmente a la inflación.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo de la ley es de $738.595 millones en lo que resta del 2024, equivalente a 0,14 puntos del PBI. En las universidades señalan que la magnitud de ese gasto es igual a un mes de superávit financiero, un tercio de lo que costaba la reforma jubilatoria que vetó Milei o una tercera parte de lo que el Estado dejará de recaudar por la reforma que benefició a quienes pagaban Bienes Personales.
El Presidente avisó en varias oportunidades que vetará cualquier ley sancionada por el Congreso que implique un gasto que atente contra el equilibrio fiscal, es decir, que no tenga un financiamiento detrás. Es por eso que el veto se conocería en las próximas horas.
El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello afirmó que “nunca se desfinanciará la educación universitaria pública”. La cartera señaló que las universidades “no aceptaron” un incremento del 6,8% adicional para los salarios de octubre, que las universidades recibieron más dinero “pero no saben administrarlo”, que las instituciones “no se dejan auditar”, apuntan por el costo de financiar “estudiantes extranjeros” y que el 60% de los alumnos de las casas de altos estudios no se encuentran en condición de “regulares”.