Las extensas negociaciones que el Gobierno y las principales empresas de medicina prepaga sostuvieron en las últimas semanas terminó con un acuerdo ante la justicia para que las compañías devuelvan a sus afiliados saldos cobrados por encima de lo que el Poder Ejecutivo considera que correspondió desde diciembre, a cambio de “liberar” los precios de las cuotas mensuales a partir de julio.
El acuerdo incluye puntos muy relevantes para los usuarios en los próximos meses, entre ellos cómo se instrumentará la devolución de los montos “mal” cobrados, cómo se actualizarán esos saldos para evitar un efecto de licuación por la inflación y qué sucederá en el futuro con el precio de las boletas.
“Es un acuerdo que sabe a poco. Para los afiliados no es demasiado beneficioso. Esto se devuelve desde junio ajustado en 12 cuotas con tasa pasiva del Banco Nación. Las cuotas son caras aún con el reajuste de este acuerdo, las cuotas siguen siendo costosas. La baja de afiliados es constante y las ganadoras son las prepagas que tienen su padrón ‘depurado’. ¿El sistema de salud público está preparado para recibir a esa gente? Es un tema”, planteó Gisela Mercanti, abogada del estudio Falcone, en declaraciones a LN+.
Punto por punto, qué debe saber el usuario
Devolución: las empresas que firmaron el acuerdo deberán, desde julio, reintegrar a sus clientes los montos que hayan cobrado de más en su factura, entendido como los porcentajes por encima del índice de inflación del mes anterior, que es el criterio que fijó el Ministerio de Economía para limitar los aumentos. El ministro Luis Caputo llegó a hablar de una “guerra contra la clase media”.
Cómo se devolverá: el reintegro se activará desde julio y con un esquema de 12 cuotas iguales mensuales, especifica el acta.
Tasa de interés: el monto que cada usuario debe recuperar se descontará del precio de la factura que le llegue cada mes. Y estará actualizada por una tasa de interés, que es la tasa pasiva del Banco Nación, es decir el interés que paga esa entidad financiera por los depósitos a plazo fijo a 30 días. Esa tasa pasiva es del 30% anual. O sea, si se la mensualiza, la actualización sería de 2,47%, cuando el último dato de inflación arrojó 8,8 por ciento y para este mes los analistas privados estiman entre 5 y 6 por ciento. De esa forma, la actualización perderá en términos reales con la inflación de los próximos meses.
Cómo fue el sobrecosto: el Gobierno había decidido que las empresas de medicina prepaga alcanzadas por la medida de retroceso de precios podrán aplicar un aumento en mayo que no supere el 114,6% en comparación con el valor que cobraron a sus clientes en diciembre pasado, según anunció la Secretaría de Comercio.
“En este sentido, estos valores no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1+ la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Indec vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023)”, indicaron.
Qué pasará en el futuro: el acta firmada especifica que desde julio “las cuotas de los afiliados se ajustarán libremente, conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas”. Habrá que ver si, en esa instancia, el Gobierno vuelve a considerar que los incrementos que activen las empresas vuelven a ser objetables por considerarlos excesivos y fruto de un comportamiento coordinado. Esto implica que el reintegro de los saldos por encima de la inflación comenzará el mismo mes en que quedarían liberadas las empresas para poner los precios que consideren.
Otro punto relevante para los próximos meses tiene que ver con lo que sucederá con los usuarios de medicina prepaga que hayan sido desafiliados por falta de pago. “Las empresas de medicina prepaga aceptan reincorporar en iguales condiciones y sin restricción ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos” que estuvieron bajo impugnación oficial.
Por otra parte, la Superintendencia de Servicios de Salud se comprometió ante las empresas a desistir “de la presente acción” ante la justicia. “Queda a cargo de la SSS el seguimiento, control y ejecución del cumplimiento del presente acuerdo en el marco de sus atribuciones legales y reglamentarias. Y sobre el expediente abierto por la comisión de defensa de la competencia por colusión, el acta menciona que “dará intervención y trámite (...) a fin de que se expida (...) con relación a la tutela anticipada impuesta”. Desde el área no hicieron comentarios ante una consulta de Infobae.