El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses tiene en su poder bonos del Tesoro por más de USD 31.300 millones, lo que representa poco más del 10% de los títulos públicos y letras emitidas por el sector público nacional. Esa es la proporción de deuda que el ministro de Economía Luis Caputo podría deslistar si el Congreso aprobara la última versión de la ley Bases que el oficialismo envió a los gobernadores para empujar su discusión en el parlamento.
La iniciativa vuelve a propiciar cambios en el paisaje de la deuda pública y que están relacionados al fondo inversor del organismo previsional. Le da menos libertades que en el primer intento que hizo La Libertad Avanza (LLA) para aprobar su ley. La diferencia central es que mientras en las extraordinarias llegó a debatirse si el Palacio de Hacienda podía hacerse no solo de los títulos del Tesoro en poder del FGS sino también de la participación accionaria en algunas de las compañías privadas más importantes del país.
Finalmente el ida y vuelta en ese primer ensayo, y en la versión oficial enviada esta semana a los mandatarios provinciales y a los bloques de la oposición en el Congreso dejó firme la intención de “consolidar” la deuda pública, que permitirá al Ministerio de Economía quitar de circulación todos los bonos del Tesoro nacional que formen parte de la cartera de Anses. Las acciones seguirán en manos del fondo inversor.
El artículo 56° de la iniciativa que la Casa Rosada giró a los gobernadores para preparar la negociación prevé la “consolidación” de la deuda pública en manos de entidades del sector público. Es una medida que excluye las tenencias de activos del Banco Central o el Banco Nación pero que incluye taxativamente al fondo inversor de Anses. “Los títulos de deuda pública que sean consolidados de acuerdo con lo establecido en la presente ley serán transferidos a una cuenta de titularidad del Tesoro Nacional, en donde se cancelarán por confusión patrimonial”, reza el artículo 58°.
En el artículo siguiente, el 61°, el Poder Ejecutivo buscará establecer qué tipo de inversiones queda habilitado para hacer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Así, estipula que la Anses “podrá invertir el activo del Fondo administrado” en acciones, obligaciones negociables de sociedades anónimas nacionales, mixtas o privadas y futuros y opciones sobre esos títulos valores. También deroga un artículo 76° de la ley N° 24.241, que es el que le pone topes a qué peso pueden tener en la cartera total cada tipo de inversión.
Según información actualizada recientemente por la Anses, el FGS tiene en su cartera unos USD 31.317 millones de bonos del Tesoro nacional, un aumento de 22% en comparación con los USD 25.665 millones de enero, lo que podría atribuirse al paulatino atraso cambiario tras la devaluación de diciembre. De esa manera, si la ley se aprobara y el Ministerio de Economía pudiera deslistar esa porción de bonos, eliminaría poco más del 10% de los bonos y letras del Tesoro -en pesos y dólares- en circulación, que según datos de febrero de la Secretaría de Finanzas ronda los USD 296.000 millones.
En detalle, el FGS cuenta con tenencias de 33,5 billones de pesos en títulos del Tesoro en moneda local, un 72,3% del total de su cartera a febrero pasado. De ese total, el 45,3% (15,1 billones de pesos) corresponden a títulos atados a la inflación, otro 36,3% (12,1 billones) a bonos indexados al tipo de cambio oficial y con participaciones mucho menores otros 4,9 billones de un título en dólares a tasa fija.
Otro 12,9% de las inversiones de Anses están explicadas en acciones de empresas. La principal es Ternium, de la que posee acciones por un valor de 898.785 millones de pesos, lo que representa un 15% de la cartera total accionaria y solo un 1,9% de las inversiones totales del FGS. Le siguen más atrás el Banco Macro ($786.336 millones), Grupo Financiero Galicia ($636.298 millones), Pampa Holding ($554.885 millones), Transportadora de Gas del Sur ($541.159 millones).
En menor proporción, el FGS tiene en su poder obligaciones negociables por un total de 2,6 billones de pesos, de los cuales poco más de 1 billón corresponden al sector de petróleo y gas y otros $786.909 millones en energía, en ambos casos ON nominadas en dólares. La tenencia de cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión es mínima, con solo $227.000 millones.
La enajenación de las acciones en manos del FGS había sido una de las principales críticas opositoras a esa parte del proyecto de ley Bases durante la discusión en comisiones, y el Poder Ejecutivo tuvo que ceder para, primero, permitir esa venta de acciones con habilitación de una comisión bicameral y además con el mandato de destinar los fondos resultantes a la financiación del sistema previsional de las provincias no transferido a la Nación. Finalmente todo ese artículo fue eliminado antes de que el proyecto completo naufrague en la Cámara de Diputados.