El Gobierno de Javier Milei decidió no extender la vigencia de una norma que vence a fin de mes y que le permite a las administraciones provinciales recurrir a fondos de los bancos provinciales para cubrir el déficit y afrontar deudas corrientes.
“El BCRA nos informa que quedó fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizan muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa esta mañana en Casa de Gobierno.
Fuentes oficiales explicaron a Infobae que el 31 de enero vence una norma del 2020 que le permitía a los gobiernos provinciales pedirles a sus bancos recursos para pagar salarios, por fuera del cupo establecido para el financiamiento de esos bancos a los fiscos provinciales.
A través de la Comunicación “A” 6816, referida al “Financiamiento al sector público no financiero. Adelantos transitorios al sector público no financiero”, el Banco Central informó el 28 de octubre de 2019, inmediatamente después de las elecciones presidenciales de aquel año, que “se considerará –adicionalmente– como concepto excluido a los fines del cómputo de los límites básicos individuales y globales establecidos en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio (...) a las asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal”.
Esta resolución se fue prorrogando año tras año, la última vez el 19 de enero de 2023 a través de la Comunicación “A” 7674, que vencerá el 31 de enero de este año y no será extendida.
En este aspecto, los límites máximos establecidos a las asistencias otorgadas por las entidades financieras, en este caso los bancos provinciales, a sus respectivos clientes del sector público no financiero se aplicarían con un límite máximo del 10% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) de la entidad prestamista en el caso de cada jurisdicción provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La deuda pública comprende a las obligaciones de pago contraídas por el Estado en cualquiera de sus niveles. De acuerdo al nivel de gobierno se puede clasificar en deuda pública nacional, provincial o municipal. En este sentido, el Estado se endeuda con el objetivo de obtener financiamiento para cubrir sus gastos o para realizar inversiones, y los tipos de deuda se pueden clasificar por tipo de moneda, local o extranjera; según legislación, nacional o externa; según el plazo, a corto, mediano o largo plazo y según el sector, público o privado.
“Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, dijo Adorni.
Y añadió: “La ley es hacer más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, en crecimiento, que mejore salarios y que mejore el nivel de empleo. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero no se negocia. Y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno nacional aporta a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación, a sabiendas de que si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno nacional, sino para cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias”.