Tras la prórroga del Presupuesto 2023, que será la referencia para la estimación del gasto para todos los ministerios este año, el Gobierno dará en los próximos días el primer paso para darle forma, con números y planillas, al fuerte ajuste fiscal del primer año de mandato. El Poder Ejecutivo, por la vía de un decreto de Jefatura de Gabinete (JGM), le asignará a cáda área su previsión de partidas anuales, que luego serán cuotificadas para el primer trimestre del año por parte del Ministerio de Economía.
Los 40,4 billones de pesos de crédito final que tuvo el presupuesto nacional al cierre de diciembre serán, a priori, el techo que tendrá el Gobierno para gastar este año. El congelamiento de esa cifra se dará incluso en un contexto de alta inflación que podría hacer “consumir” las partidas rápidamente por efecto de la nominalidad.
Típicamente, en los primeros días de enero el Poder Ejecutivo decreta a través de una resolución de JGM cómo se distribuirá el presupuesto en términos anuales. En general, se hace con el presupuesto que haya aprobado el Congreso el año anterior. En este caso deberá moverse con los bordes que estipula la ley de ingresos y gastos del año anterior.
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Según explicaron a Infobae expertos en administración pública, la falta de actualización de la cifra global de gastos tiene una contracara que es la subestimación de los ingresos fiscales. Este año no solo por efecto de la inflación la recaudación tributaria será mayor a la del año pasado sino que la base comparativa de 2023 será baja por la sequía que impactó en los derechos de exportación.
Una vez que la Jefatura de Gabinete realice ese primer paso, será tarea de la Secretaría de Hacienda, que encabeza el ex técnico de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) Carlos Guberman, que depende en el organigrama del ministro de Economía Luis Caputo, administrar ese presupuesto en cuotas trimestrales para cada ministerio. Es en esta segunda etapa en la que quedará de manifiesto qué áreas del sector público contarán con mayores flujo de fondos y cuáles con menos.
“La Jefatura de Gabinete a instancias de Hacienda distribuye el crédito anual entre organismos con las consideraciones que decidan en base a artículo 27 de la ley de administración financiera. Y sobre ese crédito anual luego Hacienda trabaja las cuotas”, explicó a Infobae un experto en el funcionamiento de las cuentas públicas.
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Ese artículo es el que plantea que en caso de que no existiese un presupuesto para ese año, la prórroga deberá eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente; suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito; excluir los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero previo (en este caso de 2022); y estimar cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio e incluirá los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución.
Algunos rubros, creen en el equipo económico, podría registrar ajustes casi inmediatos. Por caso, el 60% del ajuste fiscal que buscará para 2024 el gobierno de Javier Milei está explicado por una poda presupuestaria para algunos sectores como las transferencias a provincias, la obra pública -estas dos son señaladas como las erogaciones que con mayor rapidez sufrirán un guadañazo. Subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado tendría un efecto visible más tardío.
Otro ajuste es el reformateo del tributo a los ingresos personales. Al respecto, en el equipo económico esperaron hasta último momento para tener el dato de inflación de diciembre lo más consolidado posible antes de enviar al parlamento el cambio de escalas para la nueva versión de Ganancias. Se espera, en ese sentido, que el texto de ley pise el Congreso en estos primeros días del 2024.
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Un informe de la Fundación Mediterránea, que hasta hace algunas semanas presidía Carlos Melconian, analizó cada ítem de recorte de gasto. En materia de jubilaciones, interpreta, “puede tratarse de un nuevo año de caída en los haberes reales de los jubilados (ya casi perdieron 50% en una década) o el no pago durante 2024 de bonos adicionales a los jubilados que cobran la mínima”. En enero y febrero, al menos, serán abonados. Si se aprobara la ley ómnibus, el Gobierno apuntaría a una suerte de indexación con subas mensuales.
En lo que respecta a la obra pública, el 0,7% que le corresponde “implicaría recortar alrededor de un 50% de la inversión pública nacional y de las transferencias con ese destino que se hacen a provincias”. En tanto, afirmó la Fundación Mediterránea, “el ahorro fiscal de 0,4% del PIB previsto en programas sociales con intermediarios, supone congelar los pagos en 2024 al nivel que tienen a finales de 2023. Apunta principalmente al programa Potenciar Trabajo, que cuenta con 1.250.000 beneficiarios, cuando eran alrededor de 200.000 en 2015″.
Otro elemento que aún no se conoce es cómo manejará el nuevo gobierno los pagos atrasados que heredó de la administración anterior. Esa deuda flotante heredada de Sergio Massa hacia Luis Caputo orilla los 2 billones de pesos y pondrá bajo presión el equilibrio fiscal que busca el equipo económico.
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Los últimos datos de la Tesorería General de la Nación, a los que tuvo acceso Infobae, muestran que el stock de pagos atrasados volvió a pegar un leve salto en noviembre, el último mes de gestión completa de Alberto Fernández. A esa altura del año la deuda flotante redondeó 1,952 billones de pesos. Implicaría así un crecimiento de 225% en el último año y de 147% desde que comenzó el 2023.