La operación que llevará adelante mañana el Ministerio de Economía para postergar los vencimientos de la deuda en pesos hasta el próximo gobierno tiene un buen resultado asegurado, lo que no exime a la operación de algunos riesgos. Igual que en las ocasiones anteriores, el foco volverá a estar en el nivel de participación de los acreedores privados, que el mercado ya presume será muy baja.
Aun así, la fuerte concentración de la tenencia de los títulos de deuda en pesos en manos de organismos y bancos públicos garantiza una adhesión en torno al 75%. con lo cual más de $7 billones del total de vencimientos acumulados entre junio y septiembre -unos $9,5 billones- verán reprogramados su fecha de pago hasta después del traspaso de mando presidencial. Esto porque los instrumentos que ofrecerá la Secretaría de Finanzas, bonos indexados por CER y el célebre bono dual, que paga el mejor rendimiento entre la suba del tipo de cambio oficial y la inflación, tendrán fecha de pago a partir de 2024 hasta enero de 2025.
Es decir que serán pagos que heredará la próxima gestión económica, con el atenuante de que el sector público será el principal acreedor de sí mismo. En cuanto a los tenedores privados, las expectativas más optimistas sugieren una participación no mayor a 5% del total. Según las estimaciones privadas, los fondos comunes de inversión y bancos reúnen otro 15% a vencer que, según los analistas más pesimistas del mercado, no se volcaría a la operación.
“Lanzan el canje de deuda del Tesoro en pesos, fuertemente direccionado para la participación del sector público. El piso de aceptación, pensando en la posesión de títulos por el sector público (FGS, BCRA, agencias públicas y bancos públicos), rondaría el 70% - 75%”, estimó la asesora de inversión Aurum Valores. “Del total que se planea canjear ($9,5 bn), si adhiriera todo el sector público, el piso mínimo en términos monetarios se encontraría entre los $6,7 billones y los $7,15 billones. Estimamos que la participación del sector privado va a ser extremadamente baja por los plazos ofrecidos”, afirmó.
De confirmarse este escenario, el perfil de vencimientos de deuda en manos de privados resultante tras la operación superaría los $ 3 billones hasta fin de agosto, con una particularidad: julio seguiría siendo un mes con alta concentración de pagos, ya que el Gobierno debería renovar $1,4 billones, siempre en manos de los inversores privados y según los cálculos de Aurum. En esas licitaciones, se repetiría la estrategia que vienen desarrollando en tándem Finanzas y el BCRA, según el cual el Central se hace de los bonos en el mercado secundario que están en tenencia de agentes públicos -para lo cual emite pesos- para que los entes puedan volcar esa liquidez en la operación de refinanciamiento y los privados salen de esos títulos.
Así, si bien el próximo gobierno recibirá un abultadísimo volumen de vencimientos de la deuda en pesos, también es cierto que esa deuda estará casi por completo “estatizada”, lo que facilitará el manejo de ese pasivo.
Desde la consultora financiera 1816 coinciden en que la alta participación del sector público llevaría el piso del canje al 75% de adhesión en un contexto en que particularmente el interés de los fondos comunes será extremadamente bajo. “En el caso de los FCI, suponemos que la participación será más bien baja, igual que en el canje de marzo, principalmente por las características de los fondos argentinos que tienen baja duration”, fundamentaron los analistas de la firma.
Una vez superada esta operación, el Gobierno tendrá por delante el “ordenamiento de la curva en pesos” en pleno proceso electoral. Dado que para esa fecha la deuda en moneda nacional estará prácticamente concentrada en manos públicas, Economía podría implementar un megacanje de bonos intra sector público para estirar los vencimientos más allá de 2025, es decir, entre el tercer y cuarto año de mandato de la futura administración.
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