Embarcado en una nueva negociación, a 8.400 kilómetros de distancia, el ministro de Economía Sergio Massa sostiene en estos días una línea abierta con el Fondo Monetario Internacional mientras un grupo de funcionarios técnicos, de manera presencial, intercambian números con el staff y preparan el terreno antes de que ambas partes lleguen a la zona de definiciones. El Gobierno busca darle al programa reconfiguración más ambiciosa en los trece meses de vigencia del Extended Fund Facility (EFF) y cambiar de manera integral el esquema de metas.
No es la primera vez que en la corta vida del programa actual el Gobierno necesita cambios al marco de metas o al menú de medidas de política económica que están incluidos en él. Es más: el propio nacimiento del EFF estuvo enmarcado en el inicio de la guerra en Ucrania, que trastocó las expectativas de inflación y de uso de dólares para las importaciones y, por ende, las posibilidades de recomposición de reservas.
Tanto Martín Guzmán, que llevó adelante las negociaciones y que fue el firmante del acuerdo vigente, como ahora Sergio Massa, necesitaron reconfigurar con alcances y profundidad variables. El jueves la vicepresidenta Cristina Kirchner se sumó a ese debate al reclamar que que se discuta, además de las metas condicionales, una fórmula que ate el pago del crédito al FMI con el nivel de superávit comercial.
La misión técnica en la capital norteamericana está integrada por funcionarios de segunda línea, ya que los habituales interlocutores, que son el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo Madcur, permanecerán supervisando el ida y vuelta desde Buenos Aires.
Un corto pero numeroso historial de cambios
El acuerdo nació en medio de un contexto que obligó a un primer análisis sobre los números plasmados en el programa, por los efectos netos negativos de la invasión de Rusia a Ucrania, que provocó el salto en los precios internacionales de las materias primas y también de la energía, con fuerte impacto en la economía nacional y mundial.
El FMI consideró que se trataba de un programa “creíble y realista” pero alertó rápidamente sobre el cambio de condiciones internacionales que apuró a una reconsideración de los supuestos del acuerdo, algo que quedó de manifiesto unas semanas después, cuando el directorio aseguró, directamente, que por el conflicto bélico en Europa del Este los riesgos para el programa eran “excepcionalmente altos”.
La primera revisión trimestral –en junio pasado– concluyó con todos los objetivos aprobados, es decir los que correspondían a fines de marzo de 2022. Pero también con algunas primeras modificaciones a los números centrales respecto a metas trimestrales. Esos reajustes respondieron básicamente a recálculos nominales para las que están expresadas en pesos por la mayor inflación.
Ya con Massa al frente del Palacio de Hacienda, tuvo lugar la segunda revisión, que tuvo lugar luego de una fuerte crisis cambiaria en julio tras la salida de Guzmán. Massa había presentado una primera serie de medidas. Una de ellas, y que estuvo relacionada al programa con el FMI, fue la de poner en marcha un esquema más macado de de segmentación de tarifas. Guzmán había anunciado su propia hoja de ruta, con podas de subsidios más leves. Se trataba de una señal fiscal fuerte ante un escenario de expansión del gasto que se sostenía hasta la mitad de ese año.
En esa segunda revisión el Poder Ejecutivo incumplió dos de las metas vertebrales del acuerdo. En primer lugar, la de acumulación de reservas, algo que tuvo como explicación que hubo una mayor utilización de dólares para la importación de energía por los precios más altos a nivel internacional y también porque se demoró el ingreso de organismos internacionales. El otro objetivo que no se alcanzó fue el piso de recaudación tributaria. Operó ahí otro cambio: esa meta, desde ese momento, desapareció del acuerdo.
Ahora bien, la primera flexibilización de metas considerable del programa se tomó hacia fin de año, cuando ya se preveía que no había chances de que se cumpliera, con el ritmo que traía hasta ese momento, el objetivo de acumulación de reservas en el Banco Central.
En un primer ejercicio del recálculo de ese objetivo, el FMI y el Gobierno acordaron recortar en unos USD 800 millones la meta de 2022, que era de USD 5.800 millones, hasta USD 5.000 millones. De todas formas, en rigor, se trató de un “aplazamiento” de esos USD 800 millones, ya que fueron agregados al umbral mínimo de 2023, que pasó de USD 4.000 millones a USD 4.800 millones.
Para cumplir con esa pauta nueva, el Ministerio de Economía llevó adelante una medida repetida en la actualidad: el dólar soja. Tenía la misión de acelerar el ingreso de divisas del complejo agroexportador. La negociación en ese caso estuvo relacionada a la propia naturaleza de la medida: los tipos de cambio diferenciales están fuera del manual del organismo. Aún así, el FMI dejó pasar el dólar soja al reconocer su potencia para recomponer reservas en el contexto difícil que atravesaba el acuerdo.
Ya en los últimos meses tuvo lugar la negociación previa a la que tiene lugar en estas horas. El FMI acordó con el Gobierno nacional en los primeros días de marzo una modificación en la perspectiva de acumulación de reservas, menos exigente en lo que resta del año como consecuencia del impacto macroeconómico que tiene para las cuentas públicas la severa sequía que afecta a la producción agropecuaria. La pauta anual de acopio de divisas fue reducida en unos USD 1.800 millones, hasta los USD 8.000 millones.
El último frente de negociación abierto es, con mucha distancia con los antecedentes citados, el más significativo. En términos generales, el objetivo de máxima es conseguir desembolsos anticipados. Para lo que resta del año, según el calendario vigente del organismo, quedan pendientes entre junio, septiembre y diciembre, unos USD 10.700 millones.
También ese ida y vuelta incluirá una revisión integral de las metas condicionales del programa, entre las reservas, el tope al déficit primario y el techo a la emisión monetaria para financiar al Tesoro. El punto clave ahí es la sequía: el Gobierno lleva como número “definitivo” de impacto en los números macro unos USD 15.000 millones por las exportaciones proyectadas en condiciones normales que no tendrán lugar.
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