Descifrar el real desempeño de las finanzas públicas en la Argentina siempre fue complejo, por la forma en que se presentan los números, algunos en base caja: la diferencia entre lo ingresado y lo efectivamente pagado del gasto; otro base devengado, pero no totalmente pagado; y un informe mensual agregado, y otro a través a través de actualizaciones diarias en la página a de internet del componente de la Administración Central.
Usualmente, todos los números “corren” en la misma dirección, y por tanto coincide el sendero del resultado final, base caja o devengado, porque en su mayor parte corresponde al componente social: jubilaciones, AUH, asignaciones familiares y otras partidas de asistencia a personas y provincias y municipios.
Pero eso no ocurrió en enero, porque frente a la expectativa de un saldo superavitario, el primer mes del año fue tremendamente desequilibrado, al cerrar con un saldo negativo que se multiplicó por más de 12 respecto del registrado un año antes, con varios rubros que superaron holgadamente la aceleración de la inflación a 98,8% en los últimos 12 meses.
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“Para explicar el incremento de tres cifras del gasto público hay dos elementos centrales. Por un lado, hay un efecto puramente contable que tiene que ver con el manejo de la caja. En varios informes anteriores veníamos mencionando que parte de la mejora fiscal de la segunda mitad del año pasado no respondía a un ahorro genuino producto de reformas en el gasto público sino más bien a una estrategia cortoplacista de pisar pagos”, destaca un informe de la consultora Invecq, del economista Esteban Domecq.
Y agrega: “Una de las partidas del Presupuesto que mayor control de este tipo suele sufrir es el de los subsidios económicos (los que se destinan a subsidiar el precio de los servicios públicos), por ejemplo, vía el retraso en las transferencias del Tesoro a Cammesa, la empresa concentradora del mercado eléctrico. Mediante este mecanismo, se logró que en los últimos meses del año pasado la evolución de los subsidios tarifarios estuviera bien por debajo de la inflación. Un factor adicional que había ayudado a esta dinámica había sido una transitoria reducción del costo de generación eléctrica por el buen caudal de generación hidroeléctrica (muy barata) que ahora está normalizándose. Luego de varios meses con esta cuenta pisada, en enero se habría llevado a cabo una normalización de las transferencias que dio lugar a un rebote en los subsidios del 133% interanual (entre septiembre y diciembre la tasa promedio había sido 27% interanual)”.
Concluye el análisis Invecq: “Otra partida que se había pisado por demás y ahora comienza a rebotar es la de transferencia corriente a las provincias, y es esperable que en un año electoral el gobierno nacional no quiera ponerse a los gobernadores en contra por lo que cabría esperar poco ahorro por esta vía. También, de crecer a un ritmo del 35% en los últimos cuatro meses del 2022, saltó al 117% en el inicio del 2023″.
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De ahí que en la presentación por parte de la Secretaría de Hacienda del resultado base caja del Sector Público No financiero (SPNF) se observaran varios rubros con subas superiores a la tasa de inflación de 98,8% entre enero de 2022 e igual mes del nuevo año, y otros que se expandieron a menor ritmo: Asignaciones Familiares, Pensiones no contributivas, Jubilaciones y Pensiones y Prestaciones al PAMI, entre otras.
Signos de austeridad y ajuste
Sin embargo, más homogénea resultó la ejecución presupuestaria del componente que representa largamente más del 80% del gasto total: la Administración Central, el cual se ha achicado desde el inicio del Gobierno del Frente de Todos en casi 5 puntos porcentuales respecto del total, pasó de 88,2% en el Presupuesto 2019 a 83,3% en la actualidad.
Por el contrario, expandieron su incidencia el conjunto de las empresas públicas, de 2,7% a 6,2% del agregado -por efecto principalmente de la política de subsidios que predominó en el trienio que exigió compensaciones de transferencias para financiar las pérdidas acumuladas- y los Fondos Fiduciario que se elevaron de 1,9% a 3,5% del total. El agregado de “Otros entes” acusó un mínimo incremento.
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La presentación diaria de la ejecución del presupuesto de la Administración Central base devengado, con datos al 22 de febrero, acumulaba un superávit $477.135 millones, el cual contrastó con el déficit financiero del SPNF en enero de $537.970 millones. Una diferencia de nada menos que $1,02 billones negativos que se habría originado en la sumatoria de los resultados en rojo del conjunto de las Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes.
Si se tiene en cuenta que al 22 de febrero transcurrió el 14,52% de los 365 días del año, y se lo compara con el grado de ejecución presupuestaria de las principales áreas del Estado por funciones, surge que a esa fecha sólo estaban excedidos los pagos de intereses de la deuda pública -por la suba de la tasa de interés internacional y de la inflación en el orden local que gravita sobre los compromisos con cláusula de ajuste-, “Seguros y Finanzas”, también asociados a esas variables.
El resto de las grandes partidas del Presupuesto, por el contrario, registraron una clara disciplina fiscal, en unos casos, y la decisión de fuerte recorte, más allá de lo previsto, en áreas sensible como Agua potable y alcantarillado; Agricultura (afectada por la extensa sequía); Salud; Educación y Cultura; en incluso Seguridad Social (jubilaciones y pensiones), entre otros.
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Con semejantes brechas en la ejecución presupuestaria, y el efecto de la aceleración de la inflación, la mirada de los economistas de las consultoras económicas estarán puestas en el seguimiento del ritmo del gasto diario de la Administración Central y en el resultado de la base caja del sector público no financiero correspondiente a febrero que se informará sobre el cierre de marzo, para ver si se cierra y en qué dirección el desvío observado entre esas dos fuentes, o, por el contrario tiende a ampliarse.
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