El viernes pasado, el Gobierno lanzó el nuevo programa Precios Justos, una canasta de más de 1.800 productos que mantendrán fijos sus precios por cuatro meses y un tope de 4% para los aumentos del resto de los productos que estarán disponibles en unos 2.500 comercios (entre grandes supermercados, mayoristas y cadenas más chicas).
Desde la Secretaría de Comercio tienen definido un esquema para el trabajo de monitoreo y fiscalización para que ese acuerdo se cumpla. Un equipo de 15 personas se reúne todas las mañanas a partir de las 9 para monitorear la información de precios que reciben de las empresas de consumo masivo -las listas que llegan a los supermercados- y chequean que no haya suba por encima del 4% mensual en comparación con el promedio de precios de octubre.
“No puede ser más de 4%, sin excepciones, no vale un 4,1%. Incluso en el caso de productos que quizás fueron discontinuados y ahora vuelven a las góndolas, eso se acuerda. Y se toma como referencia el promedio de octubre porque se decía que los precios iban a aumentar días antes del acuerdo”, explicaron fuentes de la Secretaría que reconocen que el actual programa tiene una complejidad mucho mayor que los anteriores.
En tanto, la fiscalización en los comercios estará descentralizada y participarán los municipios, que luego obtendrán un porcentaje de las multas cobradas (la Secretaría de Comercio transferirá a la autoridad local correspondiente el 25% de lo recaudado por multas realizadas en cada distrito). Esta semana comenzarán las capacitaciones virtuales para los empleados municipales que llevarán adelante esa tarea.
El monto máximo de las multas se amplió y puede llegar hasta 2.100 canastas básicas, unos $280 millones. En las últimas semanas, por ejemplo, se aplicó una multa por un valor cercano al máximo a una cadena de supermercados por incumplir con artículos de la ley de Defensa del Consumidor.
Otra forma de fiscalización con la que busca contar la secretaría es la aplicación Precios Justos -que ya tuvo 100.000 descargas- donde los consumidores pueden escanear el código de barras de un producto y saber a qué precio deben venderse. Si el precio es mayor, la app cuenta con un botón para denunciar donde se puede identificar el local (muestra los más cercanos a la ubicación).
Por otro lado, en los próximos días se espera que esté lista la Resolución que crea el Observatorio de Precios, un organismo técnico cuya conformación estaba prevista en la Ley 26.992 sancionada en 2014 pero que nunca llegó a formarse. Su objetivo es monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en todo el país. Entre sus funciones, según la ley, el Observatorio puede identificar distorsiones en el mercado y en los procesos de formación de precios y emitir un dictámenes sobre la evolución de los precios y a la disponibilidad de bienes.
Por ahora, el equipo de Comercio trabaja con áreas y equipos bien definidos: negociación, tecnología, legales, comunicación, contingencias (que atiende problemas con las importaciones), monitoreo y fiscalización.
Las expectativas del Gobierno
Luego de varios acuerdos, programas y congelamiento de precios, y con una inflación que se mantiene desde marzo con porcentajes entre 5% y 7% mensuales, desde el Gobierno buscan bajar las expectativas de que el nuevo acuerdo de precios verá rápidamente reflejado en una baja en los índices mensuales del IPC, donde el rubro de alimentos tiene una ponderación cercana al 30%.
Nadie se anima a arriesgar un porcentaje de baja de inflación a partir de la puesta en marcha de Precios Justos. Por eso, fuentes oficiales aclaran que el acuerdo funcionará en un marco donde se consolide el frente fiscal, se acumulen reservas y se optimicen las divisas para la compra de bienes internacionales (de capital y que no se producen en la Argentina). “Se busca generar un orden de precios y un abastecimiento y un alivio para los consumidores”, aseguraron.
Para diferenciarse de las versiones anteriores del programa advierten que una pata clave es que las más de 100 empresas que participan del acuerdo accederán a dólares para la importación de insumos y bienes intermedios que son parte de su cadena de valor. La duda es si el Gobierno cuenta con esos dólares. “Sí. No son más dólares sino que se distribuyen de manera distinta, en otro período de tiempo”, explican en la Secretaría. Para dar una idea de la magnitud de los dólares que deberán disponer hace una comparación con el sector automotor: todas las empresas de consumo masivo demanda para importaciones la misma cantidad de dólares que una sola empresa automotriz, año contra año.
También destacan que participan del acuerdo alrededor de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo, como Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías, entre otras. Además, por primera vez, participan los mayoristas (que tiene su propia lista de precios de venta) y las marcas propias de los supermercados.
Además, a partir de esta semana comenzaron las negociaciones con empresas fabricantes y proveedoras de insumos com plástico, vidrio, aluminio (Aluar), cartones y envases de cartón (Cartocor), entre otras para que sus precios tenga una pauta de variación similar al 4% mensual acordado para los precios de la industria de consumo masivo (alimentos, bebidas, higiene y limpieza).
Sobre los escasos resultados que tuvieron los programas anteriores señalaron algunas críticas: “Hubo una dinámica donde el comercio exterior estaba disociado del comercio interior, de la Aduana, del Banco Central. Ahora tenemos un enfoque interdisciplinario”.
¿Cómo será el “día después” de los precios congelados? Será a mediados de febrero, lo que para la Argentina es casi “largo plazo”. Desde la Secretaría se esperanzan que el resto de los precios no se habrán movido tanto, por el piso del 4%, y que comenzarán a trabajar en una renovación del programa para los meses siguientes.
Seguir leyendo: