La fractura en el Frente de Todos parece haber estimulado la creatividad del kirchnerismo duro, desde donde surgen en los últimos días proyectos de ley y propuestas de medidas económicas que buscan -y eventualmente logran- condicionar al Gobierno de Alberto Fernández.
La última gran idea, promovida las en redes sociales por la propia Cristina Fernández de Kirchner, semeja una versión “mejorada” de aquel proyecto que presentó hace semanas el diputado oficialista por Córdoba y secretario general de la CTA de esa provincia, Pablo Carro, para reeditar el aporte solidario, más conocido como “impuesto a la riqueza”, como el que se aplicó el año pasado. En su iniciativa, Carro planteó extender el gravamen por 10 años, con la idea de que lo recaudado se destine al pago de la deuda con el Fondo Monetario. A pesar de las repercusiones y el revuelo que generó, el proyecto no despegó.
Sin embargo, a media tarde ayer, con un espíritu similar, el bloque de senadores del Frente de Todos anunció otra iniciativa: la creación del “Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI”. Se trata de aplicar un impuesto excepcionalmente alto de 20% sobre activos -acá lo más novedoso- no declarados en caso de blanqueo de los mismos en los primeros 6 meses de sancionada la ley o de 35% en caso de su declaración posterior. El proyecto prevé la figura del “colaborador” para quienes contribuyen en las tareas de investigación de activos ocultos de la AFIP, quienes recibirían una compensación de 30% de lo recaudado gracias a su información.
A diferencia del proyecto de Carro, que fue ignorado por el Gobierno, el Poder Ejecutivo avaló, en la cúspide las peleas internas en la coalición gobernante, esta iniciativa. Su viabilidad, sin embargo, es dudosa. No sólo debe, en principio, lograr la aprobación del Congreso sino que, en el improbable caso de que se aprobara, su éxito en términos recaudatorios es, también, incierto. Lo concreto, aseguran especialistas, es que ya existen las herramientas legales para identificar bienes no declarados. “No necesitan más colaboración que la ya existente entre agencias tributarias y de prevención de lavado. Basta de humo”, opinó por caso la abogada Natalia Volosin en alusión al tuit de Cristina Fernández por su reunión con el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, en el que le solicitó -según posteó- colaboración para el proyecto de los senadores de su bloque.
La idea del “fondo para pagarle al Fondo”, una bajada a tierra de las declaraciones de la vicepresidenta exigiendo que “la deuda con el FMI la paguen los que la fugaron”, llegó dos días después de que un grupo de senadores también kirchneristas se hiciera eco de uno de los problemas que más impacta en los bolsillos de la clase media: la ley de alquileres.
El senador sanjuanino José Luis Gioja presentó el viernes un proyecto que mantiene alguno de los puntos más cuestionados de la ley vigente, como la duración a 3 años del contrato o el índice de actualización, pero establece topes a esos ajustes. A la vez, ordena la elaboración de un proyecto para aplicar un impuesto a la vivienda vacía, una idea que viene planteando el secretario de Comercio, Roberto Feletti, en sus reuniones con inmobiliarias y asociaciones de inquilinos en las que no se logró avanzar en ninguna definición. La propuesta de Gioja dejó nuevamente en una posición incómoda al Gobierno, donde hasta ahora prestaban más oídos a la idea del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de derogar por 90 días la ley vigente mientras se elabora una alternativa superadora. El propio Presidente Alberto Fernández mencionó durante el fin de semana esta alternativa. A pesar del proyecto de Gioja, otros diputados del oficialismo trabajan en otro texto más afín a la idea de Massa.
Ambos proyectos surgen después de varias iniciativas del riñón más duro del kirchnerismo, la mayoría de ellas impulsadas por Feletti. El caso de la polémica propuesta de la creación de una Empresa Nacional de Alimentos, iniciativa que sorprendió a los propios ministros del área cuando se conoció, la implementación de los fideicomisos como el del trigo, en vías de implementación, o el que más rispideces internas provocó: el aumento de las retenciones. La decisión de subir 2 puntos la alícuota a los derivados industrializados de la soja es, tal vez, la medida que denota con mayor claridad el nivel de condicionamiento por parte de la usina de ideas K. A tal punto que los ministros a cargo, como fue el caso del titular de Agricultura, Julián Domínguez, con el biodiesel, se sorprendieron en tiempo real de las medidas anunciadas.
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