El deterioro salarial llegó a tal punto en la Argentina que el salario mínimo dispuesto por el Gobierno no alcanza ni siquiera a superar la canasta alimentaria. Esto significa que aún luego del esquema de ajuste acelerado dispuesto en las últimas horas, quien gana el piso salarial no le resultará suficiente para salir de la indigencia.
Ayer se dispuso la aceleración del esquema de aumento del 35% que se había estipulado hace un par de meses. Como consecuencia de esa decisión, en julio la suba llegará al 6%, con un salario mínimo de $27.216, en agosto subirá 4% y en septiembre otro 1% hasta llegar a $29.160, según definió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. A ese nivel tendría que haberse llegado en febrero de 2022. Se estima que en un par de meses habrá una revisión y se definirán nuevos ajustes para no perderle pisada a la inflación, menos en un año electoral.
Lo paradójico es que a pesar de este ajuste, el piso salarial ni siquiera llegar a cubrir la canasta alimentaria, que en mayo fue de $ 27.423 para una familia con dos hijos. A esta cifra hay que agregarle al menos un 3% adicional de inflación registrada en junio.
“Hoy el salario mínimo, vital y móvil no logra lo propuesto con la ley 16.459 sancionada en junio de 1964, donde se aseguraba que debía asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.
El analista también efectuó un análisis del salario mínimo en dólares. Allí surge que en términos constantes hoy se paga 58% menos en moneda dura que al momento de instaurarse, es decir en 1964. Al tipo de cambio oficial, el piso salarial hoy es de 252 dólares, pero tomando en cuenta el dólar financiero apenas asciende a 160 dólares.
Por otra parte, el aumento del salario mínimo antes de tiempo también gatillará subas en planes sociales, que ajustan según la evolución de aquella variable. Esto significa que la reciente decisión del Gobierno persigue justamente un aumento también acelerado en el otorgamiento de planes sociales antes de llegar a las elecciones legislativas, fijadas para el 14 de noviembre.
Concretamente, los aumentos serán los siguientes en estos programas sociales:
Potenciar Trabajo: tiene una carga horaria de media jornada en trabajos de distintos rubros y percibe un monto equivalente a 50% del salario mínimo. Llega a casi un millón de personas y otorga $ 12.600 mensuales. En julio esta cifra pasará a $13.608 y en septiembre ascendería a $14.580.
Becas Progresar: dirigido a estudiantes universitarios menores de 24 años. La familia del estudiante debe ganar menos de tres salarios mínimos para cobrarlo (o sea $87.840). Se realiza el mismo ajuste que el Potenciar Trabajo.
Seguro de Desempleo: el rango actualmente oscila entre $6.000 y $10.000, pero en septiembre pasará luego de los últimos ajustes a valores de entre $8.100 y $13.500.
Las jubilaciones, sin embargo, no se verán impactadas por este aumento, ya que el piso del haberes debe representar al menos el 80% del salario mínimo por ley. Ese valor sería de $ 23.900 y será superado por la nueva fórmula jubilatoria.
No obstante, las jubilaciones pasaron a ser una de las variables de ajuste del Gobierno para mejorar el estado de las cuentas públicas en los últimos meses.
Ahora, la política oficial busca promover mayores ingresos tanto a nivel de asalariados como de beneficiarios de planes sociales. El objetivo es que mejore el consumo y la economía llegue mejor a las elecciones.
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