En un contexto financiero adverso, en el que todos los activos argentinos muestran cotizaciones en valores mínimos desde hace meses y sufren un nuevo embate tras la recategorización de la Argentina de mercado emergente a “standalone”, el Gobierno comenzará a cumplir la semana próxima la condiciones pactadas con los acreedores privados extranjeros en el reciente proceso de reestructuración de la deuda.
El próximo viernes 9 de julio, feriado en el país por el “Día de la Independencia”, vencerá el primer cupón de intereses de los nuevos bonos en dólares bajo ley extranjera emitidos en el marco del canje de deuda llevada adelante por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El monto es anecdótico, apenas unos USD 200 millones que ascenderá hasta USD 500 en el siguiente vencimiento, el 9 de enero de 2022. Esto porque las características de la emisión de dichos bonos contempla un esquema step-up, según el cual devengan intereses de apenas 0,125% hasta el primer corte pero sube, con el correr de los vencimientos semestrales, hasta 1,75% en el caso del AL30 y hasta 5% en el caso de los bonos que vencen en 2035 y 2038.
Si bien la cifra a pagar no representa ningún inconveniente para las cuentas públicas, resulta paradójico que la Argentina deba empezar a pagar los nuevos términos de un acuerdo que no logró allanar el camino de la refinanciación sino más bien lo contrario. Desde el debut de los nuevos títulos y a pesar del alivio financiero que implica la reestructuración cerrada por Guzmán por los próximos 3 años, el riesgo país escaló de los 1.083 puntos básicos a los 1587 p.b. en los que cerró ayer. En otras palabras, la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento en el corto plazo es nula y la cotización de esos títulos descuenta la posibilidad de una nueva renegociación en 2024 cuando, a diferencia de ahora, la concentración de vencimientos de capital y cupones más altos se convierta en una carga más pesada.
Esto aun cuando en el mercado esperan que finalmente el Gobierno termine cerrando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras las elecciones legislativas de noviembre y, posiblemente, antes de marzo de 2022, la fecha límite impuesta por el Club de París en el reciente entendimiento por el pago de USD 430 millones a cuenta de los USD 2.400 millones que debía pagar la Argentina a fin de julio. Ese programa con el FMI mejoraría el nivel de precios tanto de bonos como acciones locales aunque no despejaría por completo las dudas sobre la capacidad de pago.
En cualquier caso, el principal desafío de corto plazo para el Gobierno en el mercado consiste en la renovación de vencimientos de deuda en moneda local. A partir del jueves, el calendario es altamente exigente, no sólo por la alta concentración -vence obligaciones por un total equivalente a más de USD 7.000 millones hasta noviembre- sino por el remanente que aún queda en manos de fondos de inversión extranjeros como Templeton o Pimco. Esos inversores buscan sacar su capital de la Argentina, para lo cual dolarizan sus tenencias en el mercado de contado con liquidación, presionando su cotización.
Los cálculos privados respecto a cuánto asciende el capital invertido en pesos que se dolarizaría en los próximos meses van de los USD 450 millones a USD 900 millones, con una creciente concentración entre agosto, septiembre y octubre, meses de plena campaña electoral y, por lo tanto, críticos no sólo para la política sino también para economía. Estas presiones coincidirán con la merma en el nivel de liquidación de divisas que ya se empieza, suavemente, a notar. A tal punto se esperan tensiones que una buena parte de los gurúes de la city porteña -muchos de ellos hoy en modo home office- calcula que el Banco Central deberá desprenderse de más del 50% de sus reservas acumuladas durante la excelente temporada de ingreso de dólares del campo que se registra desde febrero. Desde el BCRA descartan de plano esta posibilidad. Será el mercado quien, como siempre, terminará dando el veredicto final.
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