En plena segunda ola de la pandemia, la gestión económica sigue lidiando con los costos de las medidas adoptadas durante la primera, que también en términos de impacto financiero resultaron desmedidas. Esos costos que se arrastran desde 2020 condicionan, además, el margen de maniobra para avanzar en nuevas políticas de contención durante este año, con récord de contagios, y también para apuntalar la política inflacionaria.
El dato que mejor grafica la situación es la carísima bomba en la que se convirtió el stock de pasivos remunerados del Banco Central, esencialmente Leliqs. Por esa cuenta, el BCRA pagó intereses, hasta la semana pasada, por $400.000 millones, cifra que equivale a más del 80% de lo que tiene previsto destinar el Gobierno nacional a las distintas medidas de asistencia económica anunciadas por el Presidente Alberto Fernández la semana pasada. Se trata, claro, de los intereses de la deuda que debió colocar el BCRA para absorber la mega emisión de pesos originada en las medidas de 2020. Con un stock que supera los 3,6 billones, 45% mayor a la base monetaria, el margen para una nueva vuelta emisión -y la consecuente necesidad de absorber pesos- es inexistente.
De hecho, en el Central recuerdan que para este año la transferencia máxima prevista es la establecida en el Presupuesto y que es el Tesoro el que determina cuándo y cuánto requiere a lo largo del período. En otras palabras, aun cuando el Gobierno no deba recurrir a la emisión monetaria para futuros planes de asistencia por Covid hasta ahora no contemplados, el pasivo del BCRA seguirá creciendo porque de todos modos deberá emitir lo necesario para financiar hasta 60% del desequilibrio fiscal previsto por el ministro de Economía, Martín Guzmán. En principio, en el Central no prevén nada más allá de ese monto.
Ese “tope”, impuesto más por la realidad de la “bola de nieve” en que se han vuelto a convertir las Leliq que por la letra del Presupuesto, es lo que modera la profundidad de la política de asistencia aplicada por el momento por el Gobierno. En ese sentido, las medidas anunciadas la semana pasada serían financiadas con recursos genuinos.
Así lo indicó el Presidente, quien puntualizó que se recurrirá a los fondos extraordinarios recaudados por el impuesto a la riqueza (unos $225.000 millones) y al “aumento de la recaudación”. Aludía, presumiblemente, a los ingresos adicionales no contemplados que generan las retenciones a la soja, cuya cotización está en niveles máximos históricos. Por esa vía, según estimaciones privadas, entrarán más de $350.000 millones extra. Pero el nuevo “costo Covid” de la segunda ola no es el único nuevo gasto surgido de golpe en las últimas semanas. Lejos de eso, los subsidios energéticos insumirían este año, ante el tímido descongelamiento de tarifas, casi lo mismo que aportará adicionalmente el agro. Así, la cuenta entre los nuevos gastos y los nuevos ingresos -ninguno de ellos previstos por el Gobierno a principios de año- está al límite. Y podría incluso ser más ajustado ese resultado si se contemplara el por ahora incierto impacto que tendrá la menor actividad económica, particularmente en caso de que las restricciones más severas se extiendan más allá de fin de mayo. No queda espacio, entonces, para nuevos imprevistos a menos que se decida afrontar el riesgo de recurrir, otra vez, a la maquinita.
Sin apuntarlo específicamente, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, puso el dedo en la llaga durante el fin de semana. En su cuenta de Twitter, el ex candidato a presidente afirmó: “Somos una sociedad asombrosa. En el Gobierno y en importantes sectores se habla siempre del monto y el aumento del GASTO SOCIAL. Pero increíblemente no se habla, en paralelo, del monto y el aumento del GASTO en INTERESES de una deuda total, interna y externa, que no deja de crecer!”. Cualquier coincidencia entre el costo de la asistencia y el costo que traerá el endeudamiento del Tesoro, al que se agrega el de retirar los pesos emitidos para financiarlo, no es imaginación.
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