El Gobierno va a aplicar un aumento del 9% a las tarifas de energía eléctrica hogareña, en lo que será el primero de dos aumentos a lo largo de este año. La decisión se tomó luego de una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. El encuentro terminó además con el pedido de renuncia a Federico Basualdo, el subsecretario de energía Eléctrica, en medio de una dura interna entre partidarios de pisar las tarifas, por un lado, y conceder aumentos para limitar el gasto en subsidios, por el otro.
Junto con la decisión de salir del congelamiento de tarifas en el sector eléctrico, dijeron fuentes oficiales, empieza además una etapa de trabajo de segmentación que estaba visiblemente retrasado para que los subsidios dejen de ser planos, iguales para todo el mundo.
“Basualdo se va por incompetencia. Se le pidieron escenarios de costos que nunca presentó. Tampoco avanzo con un eje fundamental de la gestión, que es la segmentación de tarifas. Ese pedido se hizo en diciembre de 2019″, confió una fuente al tanto de la interna.
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Fue una decisión del Presidente sin importante que fue puesto por Cristina Fernández de Kirchner. “No funcionaba”, argumentaron en la Casa Rosada, en clara referencia a las criticas del la vicepresidenta sobre algunos ministros del gabinete en diciembre de 2020, a los que se refirió como “funcionarios que no funcionan”.
La posición fiscalista de Guzmán salió como ganadora luego del laudo presidencial entre dos facciones: una que tenía la mirada puesta en proteger el salario real en lo inmediato y otra que hacía hincapié en moderar el costo de los subsidios, por el riesgo futuro de un desequilibrio fiscal y monetario.
Economía tenía que decidir en estos días si aceptaba la propuesta de incremento de boletas del gas que propuso el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que estableció que por el transporte y la distribución de ese fluido haya desde mayo un incremento de entre 6 y 7 por ciento para usuarios residenciales y de alrededor de 4% para pequeñas y medianas empresas.
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El aumento, finalmente, estará incluso por encima de esa recomendación. En línea con las aspiraciones de Guzmán de que los gastos del Tesoro en materia de subsidios se mantengan estables durante este año, en términos de su tamaño en comparación con el producto bruto.
Luego de que la balanza se inclinara en contra de los sectores más cercanos a la vicepresidenta, partidarios de limitar todo lo posible los aumentos de tarifas, el mercado recibió con sorpresa la novedad.
“Con esta medida buscaron dar un mensaje al mercado, de que las tarifas comenzarían a actualizarse y bajar la carga los subsidios, algo a lo que se oponía Basualdo”, opinaron desde una de las empresas del sector apenas conocida la noticia.
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Pasados casi cinco meses del año el Gobierno aún no definió a ciencia cierta cómo serán los incrementos de tarifas tras el congelamiento que se mantiene desde 2019. Y en lo que va del año las cuentas públicas ya lo sienten: en los primeros tres meses del año el Estado gastó $185.000 millones en subsidios económicos, un incremento de 73% medido en forma nominal en relación con los $107.000 millones que se habían erogado en el primer trimestre del año pasado, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda.
Para el objetivo de Guzmán de cerrar el año con un déficit primario del orden de 4,5 puntos del producto es vital actualizar, entre otras variables, los subsidios a la energía y otros rubros. Atrás de ese objetivo de limitar la diferencia entre ingresos y gastos a ese nivel determinado en la Ley de Presupuesto 2021 está en juego la estrategia con la que espera recuperar cierta estabilidad cambiaria y monetaria: un resultado peor al previsto no tiene otra forma de ser financiado que con más emisión monetaria, que puede echar más nafta al fuego de la inflación y poner en riesgo la estabilidad de la brecha cambiaria.
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