Un grupo de empresarios comenzó a circular un documento en el que se quejan por el freno a la baja de algunos impuestos provinciales, la suba de la presión tributaria nacional y del gasto público.
En un informe, que no lleva nombres propios pero fue confeccionado por empresarios que participan en varios foros habituales, como el Coloquio de IDEA y el grupo de WhastsApp Nuestra Voz, entre otros, dejaron en claro su reclamo para que no se suspenda el pacto fiscal que preveía una baja gradual de la tasa de ingresos brutos y que la reforma tributaria que tratará el Congreso no aumente la presión impositiva.
El informe, preparado por un grupo de economistas y tributaristas, indica que “en las próximas semanas el gobierno y el Congreso tratarán diferentes reformas que afectan directa e indirectamente al sector privado”.
“Algunas son modificaciones directas sobre los impuestos de algún sector o sobre alícuotas de un impuesto existente. Pero muchas otras son modificaciones que suelen pasar por ‘reformas políticas’, como el Presupuesto o ‘negociaciones con los gobernadores’ y esconden el germen de futuros aumentos de impuestos por parte de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales”, advirtieron.
Los ejes que preocupan a los ejecutivos argentinos son:
- El freno a las bajas de impuestos acordadas en leyes anteriores (e inclusive puede permitir que vuelvan a aumentar)
- Un retorno al crecimiento del tamaño del Estado en gastos y en empleados.
- La eliminación de algunas de las restricciones sobre el endeudamiento de los gobiernos provinciales.
“En un contexto de ajuste del sector privado por la pandemia y la crisis económica, los diferentes gobiernos no están mostrando ninguna señal de austeridad, sino todo lo contrario”, advirtieron.
En primer término, acerca de la posible suspensión del Consenso Fiscal, el informe subrayó que “Ingresos Brutos es probablemente el impuesto más distorsivo para la producción nacional junto con el Impuesto a los Débitos y Créditos”.
En este sentido, cabe recordar que el pacto fiscal original aprobado en 2017 (Ley N° 27.429) imponía una reducción progresiva de este impuesto junto al impuesto inmobiliario y el impuesto a los sellos, hasta llegar a su eliminación en 2022 para Ingresos Brutos en las actividades primarias.
Sin embargo, desde entonces se le aplicaron dos modificaciones: en 2018 se pospuso por un año la rebaja sobre impuesto a los sellos y a fines de 2019 se decidió suspender por un año la rebaja de Ingresos Brutos, impuesto inmobiliario y, nuevamente, sellos.
Antes del 31 de diciembre de este año, el día que vence la última suspensión, los gobernadores esperan que se prorrogue esta suspensión por un año más hasta diciembre de 2021. “Como contrapartida por permitirle a los gobiernos provinciales poder aumentar o dejar de bajar impuestos como acordaba la norma, el nuevo proyecto exigirá a los gobernadores: la exigencia de que las provincias no inicien nuevos procesos judiciales por reclamos de Coparticipación y desistir de los ya iniciados, y un límite al endeudamiento externo de las provincias, que no podrían incrementar su stock respecto alcanzado en 31/12/2020”, según el informe.
La nueva suspensión de la rebaja de impuestos provinciales, además, “parece ser la principal herramienta de negociación para lograr que los Diputados y Senadores que responden a los gobernadores voten a favor del impuesto a la riqueza”. De todos modos, cabe aclarar que este proyecto no convencería al ministro de Economía.
Para los empresarios la ley de Responsabilidad Fiscal es una norma “fundamental que ordena intertemporalmente la forma en la que los estados provinciales tienen que administrar los recursos públicos”.
“Aún con la norma existiendo, hay poca accountability por parte de los gobiernos provinciales sobre su cumplimiento. Sin embargo, ha tenido un efecto en los últimos años”.
Al respecto, mencionaron un informe de la consultora Aerarium que destacó que “una parte importante de la consolidación fiscal observada en los últimos años a nivel provincial responde a la implementación de las reformas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que permitió bajar el gasto provincial en más del 1% del PIB, rompiendo una tendencia alcista iniciada en 2011”.
Sin embargo, “en 2020 se reinició el proceso de expansión del peso del Estado en la economía, en base a las proyecciones oficiales”. Esta clase de normas, “son las leyes que muchas veces parecen invisibles a la conversación pública, pero son las que como ciudadanos más deberíamos resguardar”, debido a su impacto directo sobre la sociedad.
Por otro lado, los empresarios indicaron que las modificaciones más relevantes a nivel impositivo del presupuesto 2021 son la suba de impuestos internos a bienes electrónicos, el aumento de la alícuota de impuestos al juego online y la prórroga del aumento de la tasa estadística.
En el primer caso, se eleva la alícuota de bienes electrónicos importados de 7% a 17%, y de bienes electrónicos producidos en el país de 0% a 6,55%, los valores que tenía previo a la reforma impositiva de 2017. Dicho paquete preveía una reducción gradual de estas alícuotas hasta llegar al 3,5% en el quinto año (2022).
En cuanto al impuesto a juegos online, se eleva la alícuota del 2% al 5%, y alcanza el 10% para empresas que operan desde países “no cooperantes o de baja o nula tributación”, o paraísos fiscales.
Respecto de la prórroga de la tasa estadística, se incrementa hasta el 31 de diciembre próximo desde el 2,5% a 3% sobre las importaciones destinadas a consumo. Esta medida significa una prórroga del aumento de la tasa estadística dispuesta por la Ley N° 27.541 de solidaridad y reactivación Económica sancionada en diciembre pasado.
“El crecimiento del 1% en la presión tributaria prevista en el Presupuesto 2021, medida como recaudación de impuestos sobre PBI, según algunos economistas, no alcanza a estar cubierta por las reformas impositivas que introduce el texto”, se advirtió.
Por esta razón, todo el foco de atención –y preocupación– está colocado en la reforma impositiva que elabora el Ministerio de Economía y que se conocería en algunas semanas, mientras se negocia el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que siempre pide un aumento de los impuestos. La misión del Fondo llegará el martes próximo para avanzar en este diálogo.
“Según trascendidos, el proyecto apunta a aumentar la progresividad del sistema y reducir el efecto del impuesto inflacionario, sin crear nuevos impuestos. Esto implica reducir el peso de los impuestos al consumo y aumentar el peso de los impuestos a ganancias y patrimonio”, indicó el informe, sin brindar precisiones.
Por cuerda separada sigue el debate en torno del segundo impuesto a la riqueza, que se superpone con Bienes Personales, cuya alícuota subió en forma violenta este año hasta el 2,5 por ciento.
En este sentido, el experto en impuestos César Litvin dijo que “está comprobado el fracaso de gastar a mansalva y seguir creando impuestos; esa receta va por el camino equivocado; los países que siguen ese camino, les va mal si no piensan en aumentar la competitividad para aumentar las inversiones directas”.
“Si el camino es este, las inversiones eligen otros países. Más aumento y más gasto público constituye un círculo vicioso”, concluyó Litvin, asesor de muchas empresas argentinas.
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