Esta semana podría tratarse en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que modifique la normativa actual sobre concursos y quiebras. En principio, se buscará generar un respiro para las empresas, en especial para las pymes, que no lograron transitar la cuarentena y están a punto de presentarse en concurso de acreedores.
El bloque de Juntos por el Cambio había presentado un proyecto en el que se establecía un alargamiento de los plazos. Básicamente, proponía que se estiren los pasos procesales en el caso de los concursos y suspensión de ejecuciones por 180 días hasta que se renegocien las condiciones.
Esto no sólo apuntaba a aliviar a las empresas quebradas sino al sistema judicial, ya que se espera que cuando se levante la feria extraordinaria haya una avalancha de presentaciones en ese sentido.
A esto se le sumó un proyecto del massismo que propone otros cambios en la norma, por lo que habría cierto consenso para que la Cámara de Diputados lo trate en paralelo a la discusión por la ley de moratorias que se realizará este miércoles.
La reforma de ley es algo que vienen pidiendo los sectores agrupados en las diferentes cámaras. Hoy se conoció un comunicado de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que solicita un “urgente” tratamiento de las modificaciones.
La entidad señaló que “acompaña” la reforma de la ley de concursos y quiebras impulsada en el Congreso de la Nación, y aboga por que “tenga un ágil tratamiento que permita su pronta puesta en vigencia”.
En paralelo, desde la entidad pidieron a los legisladores que trabajen en conjunto para que salga rápidamente y hacen referencia a lo que entienden que no fue una buena norma: el teletrabajo. Así, la CAC exhortó a los legisladores “a obrar con la responsabilidad que el crítico presente exige, a fin de que esta iniciativa no sea malograda, como lamentablemente parece que ocurrirá con el proyecto de teletrabajo, que de aprobarse sin modificaciones acabará por desalentar esa modalidad laboral”.
En total hay 12 proyectos de ley que buscan modificar la ley de quiebras, pero el que más posibilidades de avanzar tiene es el que están acordando los dos bloques mayoritarios con apoyo de la Casa Rosada. En su informe Congreso, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo a los senadores en una de sus respuestas que el Ministerio de Justicia estaba trabajando en los cambios para la norma y que la intención era la de extender los plazos, evitar remates de bienes durables que son clave en la producción de cada una de las empresas y, además, permitir que se revisen acuerdos ya cerrados entre los privados y que, como consecuencia de la cuarentena, cambiaron radicalmente el escenario para su concreción.
En el comunicado enviado por la entidad hace referencia a que le había solicitado a Cafiero y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, proteger a las empresas con medidas que “redujeran la judicialización”. “A pesar de las múltiples y bienvenidas medidas de apoyo estatal, muchas empresas se vieron forzadas a incumplir sus obligaciones, abriendo la puerta a una litigiosidad que las expone –especialmente a las mipymes– a su potencial extinción”, explican.
En este contexto es que la CAC pide “contemplar e implementar de forma oportuna acciones tendientes a eliminar o reducir al mínimo las consecuencias de las situaciones de conflictividad, judiciales y extrajudiciales, presentes y futuras, generadas por esta realidad. La adopción de una normativa que establezca procedimientos de emergencia preservará la operatividad de las unidades productivas y evitará la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales, entre otras consecuencias que, podemos prever, provocaría el colapso del funcionamiento de un poder del Estado con dificultades de larga data”.
Mientras espera que se avance en un acuerdo rápido en comisión y se avance en un régimen concursal especial para las personas y la creación de Acuerdos Preventivos Extrajudiciales, desde la cámara empresaria expresaron “su apoyo a una iniciativa que, con acciones como la suspensión de las declaraciones de quiebras o las ejecuciones de garantías, colabore con la protección del entramado productivo local en tan difícil coyuntura”.
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