Se cumplieron ayer dos meses desde la promulgación, el 17 de marzo, de la ley de góndolas aprobada sobre el fin de las sesiones extraordinarias en el Congreso. Empieza así la cuenta regresiva para su reglamentación, que debe dictarse en el plazo máximo de los 90 días para no perder vigencia. Si bien implementación de la ley ya se esperaba compleja desde el momento en que se sancionó, su aplicación se volvió aún mucho más intrincada en el contexto de las medidas por la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas.
Esencialmente, el espíritu de la ley apunta a evitar la concentración de proveedores en la oferta de los supermercados, promoviendo la incorporación de pymes y productores de la economía popular a las góndolas, a la vez que restringe el espacio para la exhibición de marcas y productos de los grandes proveedores habituales de las cadenas. La iniciativa, tendiente a fomentar mayor competencia y mejorar así el nivel de precios, se topa en tiempos de cuarentena con dos grandes dificultades. La primera, por el lado de la nueva oferta, es decir, la incorporación de nuevos productores. La segunda, por el lado del abastecimiento por parte de los grandes proveedores con mayor capacidad de producción, quienes enfrentarán mayores desafíos logísticos y de reposición por la limitación del espacio.
La primera complicación tiene a su vez dos aristas. En principio, la formalidad crítica de dar de alta a los proveedores, que incluye inspecciones a la planta, auditorías de procesos y legales, además de asegurar la regularidad en la contratación del personal y, sobre todo, asegurar su capacidad de abastecimiento es un trámite hoy mucho más engorroso de concretar que hace dos meses, restricciones por el coronavirus mediante.
Sin embargo, no es esa la principal dificultad. El mayor obstáculo para cumplir con los requisitos que impone la Ley de Góndolas respecto de los porcentajes destinados a los nuevos proveedores, entre ellos pymes, productores de economías regionales y cooperativas y el destinado a grandes empresas -que se acota a 30%- del espacio disponible de la góndola, radica en encontrar aquellos que puedan ocupar el espacio “liberado” por los tradicionales. La misión ya era difícil en el verano, cuando se aprobó la ley, con una economía en recesión, con caída de consumo y rumbo incierto. Un contexto que distaba del ideal para que pequeñas y medianas empresas decidieran realizar nuevas inversiones para montar o ampliar líneas de producción con el objetivo de abastecer en escala a las grandes cadenas de supermercados. Hoy, es una misión imposible.
En el escenario en el que el Estado tuvo que asistir a las empresas de todos los tamaños para ayudarlas a solventar el pago de los sueldos de más de 2 millones de trabajadores, esa dificultad se transforma en un obstáculo prácticamente insalvable. Eso es, al menos, lo que plantean fuentes del sector de cara a una negociación con la Secretaría de Comercio que prevén inminente. Desde el Ministerio de Producción, sin embargo, afirmaron que “aún falta mucho” para que venza el plazo para reglamentar esa ley y que por el momento “no se está trabajando en eso”.
Lo cierto es que a partir de la reglamentación, que debiera publicarse antes de 18 de junio, los supermercados tendrían según la ley, 30 días para adaptarse a la nueva normativa.
Otro de los desafíos vinculados a la dificultad de encontrar nuevos oferentes es la consecuencia sobre el volumen de los grandes proveedores. “Se les va a limitar el espacio a aquellas empresas con mayor capacidad de producción y abastecimiento, precisamente en una situación en la que un normal abastecimiento se volvió un punto completamente crítico”, aseguraron a Infobae desde el sector supermercadista, principal rubro afectado y crítico de esta ley.
Entre los puntos que objetan se cuenta también el temor por la discrecionalidad en las inspecciones, ya que a menos que la reglamentación sea completamente clara y concisa, el texto aprobado deja lugar a diferentes interpretaciones, incluso de la definición de “góndola”.
Asimismo, con una inflación que no cede en alimentos y bebidas a pesar de la caída del índice general por el parate económico, la compatibilidad de la ley con el programa de Precios Cuidados, que se destaca en sus últimas ediciones por la presencia de las marcas líderes, es un interrogante no menor que también debería despejar el texto reglamentario.
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