El ministro de Economía arrancó el proceso de canje de deuda soñando un proceso histórico, que marque -según sus propias palabras- un hito en la nueva arquitectura financiera internacional. Y posiblemente lo haya logrado, aunque no de la manera que lo imaginó. La propuesta de Martín Guzmán quedará en la historia, pero por el bajísimo nivel de aceptación conseguido. Un verdadero papelón internacional.
La buena noticia es que no todo está perdido ni mucho menos. Aún quedan dos semanas que serán muy intensas para llegar a un acuerdo con los grandes fondos internacionales y evitar el default total. Es posible que las negociaciones con los acreedores se prolonguen mucho más allá del 22 de mayo, que en principio sería la fecha clave para evitar caer en cesación de pagos. Si los tiempos no dan es lo de menos: existen varias alternativas legales para seguir negociando aún cuando se haya incumplido puntualmente con un vencimiento.
Alberto Fernández se sacó una foto el lunes con los empresarios del Grupo de los 6 en la Quinta de Olivos. Luego llegó el mensaje de presidencia que enfatizaba el apoyo de los ejecutivos a la propuesta de Guzmán. Pero las aclaraciones no tardaron llegar. Desde la Sociedad Rural, los bancos extranjeros, IDEA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) sacaron luego sus propios comunicados. Básicamente lo que apoyan los hombres de negocios es que se evite un default que generaría problemas muchos más graves para el país.
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Pero la señal más severa llegó de parte del FMI. El organismo impulsó a la Argentina para que renegocie e incluso que avance con fuertes quitas. Sin embargo, ni la cúpula del organismo ni los principales países asociados –incluyendo Estados Unidos- apoya ni ve con buenos ojos la alternativa de un default. Lo dijo sutilmente la número uno del organismo, Kristalina Georgieva, el viernes poco antes del cierre del canje: “Todavía hay tiempo para estas negociaciones. Tenemos la esperanza que se pueda llegar a un acuerdo”.
Una de las diferencias fundamentales con la renegociación de deuda del 2005 es que ahora los bonos están en menos manos y los inversores mucho más organizados. En aquella transacción había pequeños inversores distribuidos en Japón, Alemania, Italia y Estados Unidos. Ahora, en cambio, los títulos están mayoritariamente en “manos profesionales’. Eso le otorga a los acreedores una fortaleza que no tenían hace quince años. Si se juntan, como sucedió, los principales fondos que poseen bonos argentinos en sus activos pueden bloquear cualquier propuesta oficial en caso que no estén satisfechos.
La relación de los negociadores privados con Guzmán fue pésima desde el primer día y nunca mejoró. El primer contacto concreto fue durante el viaje del ministro de Economía a Nueva York a fin de enero, invitado por el Council of the Americas. El resultado del encuentro fue muy malo y siguió así hasta la última hora del viernes.
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Nunca Guzmán se sentó realmente a negociar con los acreedores y prácticamente hizo oídos sordos a las sugerencias que le acercaban. En la oferta en sí sólo “aflojó” con una quita de capital bastante reducida. Sin embargo, la propuesta de pago de intereses fue considerada casi una burla.
En 2023 arranca un cupón de 0,5% anual, equivalente a U$S 300 millones. Eso es todo lo que se pagaría de deuda en los tres años y medio que le quedan de gobierno a Alberto Fernández. En el medio no sólo hay un extenso “período de gracia”, sino que tampoco se reconocen los intereses corridos de los bonos hasta que efectivamente comienza el flujo de pagos. Insólito e inaceptable para cualquier acreedor.
Los efectos del coronavirus le dieron más argumentos a Guzmán para defender el caso de una fuerte quita de la deuda. Sin embargo, la pérdida del 65% que ofreció en su propuesta fue considerada como muy exagerada por los bonistas, que aceptan perder alrededor del 50% pero no más. “Ya consiguió tres años sin pagar un solo centavo. ¿Qué más puede pedir?”, le dijo a Infobae el administrador de cartera de uno de los fondos que negocia con el Gobierno.
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El ministro logró que su idea de aliviar los vencimientos futuros de la Argentina sea aceptada, como una forma de darle tiempo al país para recuperarse de la crisis. Lo que sonaba algo extraño antes de la pandemia, cambió totalmente después. Pero la oferta tiene muchos otros elementos que resultaron imposibles de digerir.
Los acreedores critican, además, que el ministro dé tantas vueltas con un problema que no parece tan complicado. En definitiva, los USD 66.000 millones de bonos bajo ley internacional que se están renegociando no representan más que el 20% del PBI. Un nivel menor en cualquier proceso de reestructuración de estas características. Además, es difícil entender que no se haya involucrado al Fondo en las negociaciones, siendo que se trata -por lejos- del principal acreedor individual del país. ¿Cómo plantear un horizonte creíble para los pagos de deuda cuando el FMI todavía no avisó si está dispuesto a renegociar y en qué términos con la Argentina?
El temor creciente a un default total incluso de la deuda con ley extranjera generó fuertes impactos negativos. La brecha cambiaria llegó a niveles superiores al 70% y el dólar libre se ubicó en niveles de $120 y por ahora no baja de esos niveles pese a las nuevas restricciones cambiarias. Pero además el Banco Central tuvo que vender USD 900 millones de sus reservas sólo en la segunda quincena de abril para que no se escape el tipo de cambio oficial. ¿No hubiera sido mejor utilizar esos dólares para arreglar con los bonistas y no generar nuevas presiones sobre el tipo de cambio?
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La disputa entre la Argentina y sus acreedores dejó algo muy claro. Quien más tiene para perder en caso de un default es la economía argentina. Los inversores, en cambio, tienen mucha más espalda para esperar y llegado el caso empezar a litigar ante tribunales neoyorquinos y volverían los embargos contra activos del país.
En cambio, para el Gobierno resultaría casi imposible que la actividad levante cabeza luego del golpe de la cuarentena, que tendría un impacto incluso peor que la crisis desde el 2001 al menos desde el punto de vista productivo. Con mercados totalmente cerrados y con líneas de organismos internacionales que dejarían de llegar en caso de un default total, es prácticamente imposible levantar cabeza. El Presidente lo sabe y por eso aceptó que se siga negociando todo el tiempo que sea necesario.
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