A poco más de tres semanas para que se cumpla el plazo que fijó el presidente Alberto Fernández para dar a conocer la oferta oficial a los acreedores de la deuda pública, el ministro de Economía Martín Guzmán avanza con los detalles de un decreto que se publicará en las próximas horas para formalizar la oferta a los tenedores privados. La normativa podría ser publicada en el Boletín Oficial incluso durante el fin de semana. Así se lo confirmaron fuentes de la cartera de Economía a Infobae.
Esta mañana durante la reunión del Gabinete económico que se llevó a cabo en Casa de Gobierno, Guzmán confirmó que el total de la deuda que entraría en el canje es menor a los USD 70.000 millones con los que se especulaba entre analistas y operadores. No obstante, todavía no hay información sobre los bonos que ingresarán al canje.
No hay que perder de vista que el Gobierno dio a conocer el último domingo a los bancos que lo asesorarán en la renegociación de la deuda. La Secretaría de Finanzas informó a través de un comunicado que el Ministerio de Economía conformó la propuesta de contratación de un asesor financiero, Lazard; y dos agentes colocadores, Bank of America y HSBC, en el marco de la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida bajo Ley Extranjera.
De este modo, la cartera que conduce Guzmán pretende recuperar parte del retraso en el cronograma de renegociación de la deuda que, según el esquema original, debía terminar el 31 de marzo. En el mismo está previsto que haya un lanzamiento de la oferta de la deuda en segunda semana de marzo al tiempo que se desarrollen reuniones informativas sobre la oferta, el proceso conocido como roadshow, entre la segunda y la tercera semana de marzo.
Asimismo, se prevé en el cronograma que durante la segunda quincena de marzo expire el período de aceptación de la oferta, se emita un comunicado de prensa anunciando los resultados de la misma y se prepare la documentación necesaria para ejecutarla.
La negociación con el FMI
Por otro sendero transcurre la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un crédito Stand By por USD 44.000 millones. La misión del órgano de crédito internacional se reunió hoy con Guzmán en el cierre de la auditoría que los técnicos del organismo realizaron sobre las cuentas públicas argentinas.
El Ministro analizó brevemente los resultados del análisis de los técnicos del Fondo, en la reunión que mantuvo con Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental y Luis Cubeddu, jefe de misión del Fondo para Argentina.
La misión tuvo como objetivo avanzar en la renegociación del acuerdo de reestructuración de la deuda que el país mantiene con el organismo y en el cierre de un nuevo acuerdo que reemplace el actual stand by. Según trascendidos del organismo, el acuerdo que discuten el organismo y la Argentina establece una reprogramación de los vencimientos a 10 años de plazo, con tres de gracia.
Fuentes del Ministerio de Economía calificaron el encuentro de “formal, ya que se viene manteniendo un diálogo muy positivo”, y explicaron que el ministro y los técnicos mantuvieron contactos y cruces de información indirectos durante toda la semana que duró la revisión. La misión mantuvo reuniones con funcionarios de Economía, del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Banco Central y la AFIP, empresarios del sector privado.
Los técnicos elaboraron un informe sobre la situación económica y los planes del gobierno para reestructurar la deuda en reuniones con técnicos de la secretaria de Finanzas y la Unidad Especial de Sustentabilidad de la Deuda. El mismo será elevado al directorio del organismo que encabeza Kristalina Georgieva, para luego definir como continuarán las negociaciones con el país, para renovar el acuerdo stand by y la reestructuración de la deuda que el país mantiene con el organismo.
Por otra parte, tal como informó Infobae, la estrategia encarada por el Gobierno de avanzar primero en la negociación con los acreedores privados antes de sentarse a discutir un nuevo programa financiero con el FMI es inusual. Lo que normalmente sucede en la mayoría de los países es que primero el organismo internacional analiza la economía, evalúa las necesidades y las políticas que quiere el respectivo gobierno y avanza en un programa que dé una mayor tranquilidad a los bonistas de que, aún en el marco de una reestructuración, van a cobrar.
Pero la Argentina optó por el camino contrario. Así lo reconocen los propios funcionarios cercanos a Alberto Fernández y es, incluso, lo que se está percibiendo sobre la marcha de los acontecimientos.
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