Recién ayer a última hora, cuando el gobierno provincial se comunicó con el comité de acreedores, quedó claro que la provincia había decidido postergar el pago de capital e intereses de un bono que vence en 2021. Esta decisión deja a la deuda bonaerense automáticamente en “default selectivo”, al menos hasta que el 75% de los acreedores acepte ingresar en la renegociación. La medida no debe ser vista como una decisión intempestiva de Axel Kicillof. Al contrario, se trata de una jugada estratégica y muy pensada en la que intervino el gobierno nacional, en particular el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Hasta ahora, la Nación venía mostrando una actitud sumamente benigna y hasta “pro mercado”. Así se leyó la decisión del Tesoro de “apropiarse” de USD 4.700 millones del Banco Central con un solo destino: el pago en tiempo y forma de los vencimientos de deuda hasta marzo inclusive. Se trató de una decisión sumamente costosa en términos económicos: se siguen utilizando dólares escasos de las reservas para pagar una deuda que todo el mundo sabe que será reestructurada.
Pero la decisión del gobierno provincial cambia el panorama. El Gobierno sale así a “mostrarle los dientes” a los acreedores y deja en claro que no seguirá pagando a cualquier precio. Al contrario, revela que la única salida viable para los bonistas es aceptar una renegociación, porque de lo contrario no cobrarán un sólo dólar más. Y esto vale tanto para los tenedores de deuda de la provincia de Buenos Aires como para los que poseen bonos a nivel nacional.
“Este vencimiento representa sólo el 0,15% del presupuesto provincial y toda la deuda sólo el 7,5%. Es obvio que el Gobierno sí tiene la plata para pagar, pero no lo quieren hacer para que la Nación sume argumentos en la renegociación que ya está en marcha”, aseguró a Infobae un ex funcionario de la administración de María Eugenia Vidal.
Uno de los “pecados originales” del gobierno de Vidal, que ya se venía advirtiendo en varios informes de bancos internacionales, era la concentración de vencimientos en dólares. Más del 85% de la deuda provincial fue emitida en moneda extranjera, dejándola muy expuesta a los movimientos cambiarios, como finalmente ocurrió a lo largo de 2019. En cambio, la ciudad de Buenos Aires ya había actuado preventivamente y la deuda se divide en partes iguales entre pesos y dólares, lo que la deja mucho menos vulnerable.
Las novedades de las últimas horas endurecen las posturas no sólo de la provincia sino especialmente de la Nación de cara al arranque de la próxima renegociación. Y esto permitiría un acuerdo más favorable, al menos en relación al objetivo de la Casa Rosada: estiramiento de plazos, un período de gracia de tres años para pago de capital e intereses, y eventualmente una quita nominal.
Los precios actuales de los bonos (que podrían caer luego de las últimas novedades) muestran que la expectativa es a un acuerdo mucho menos agresivo que el alcanzado por el tándem Nielsen-Lavagna en 2005. Aquella quita fue récord, ahora la lógica sería avanzar de manera más “amigable” con un objetivo fundamental: conseguir una tasa de interés de la futura deuda que emita la Argentina (el denominado exit yield) que no supere el 10 por ciento.
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