El Gobierno nacional desplegó toda su estrategia negociadora y cambió figuritas: frenar la baja de Ingresos Brutos como pedían las provincias y, a cambio, obtener el quórum para tratar la ley de emergencia y el congelamiento de los juicios contra el Estado nacional.
La medida se conoció y, en paralelo, se desarrollaron las negociaciones. Los gobernadores del PJ ya lo sabían y los radicales se enteraron esta mañana.
Cuando mañana se firme la adenda del Pacto Fiscal, quedará conformado el acuerdo alcanzado entre Nación y provincias y los fiscales provinciales tendrán el aviso de los gobernadores de frenar unas 20 demandas que la Corte Suprema tiene que definir entre la feria judicial y los primeros tres meses de 2020, momento en el que el Gobierno se quiere concentrar en resolver la renegociación de la deuda y no quiere sumar “ruido” interno.
Mientras negociaba con las provincias cuánto perdían y ganaban en el combo de suba de retenciones y congelamiento del sendero de baja del impuesto a los Ingresos Brutos, la Casa Rosada puso otras condiciones sobre la mesa: frenar las demandas contra la Nación, tanto las existentes como las futuras.
El Pacto Fiscal había “limpiado” de demandas provinciales al Estado nacional. Sin embargo, las últimas medidas del gobierno de Macri generaron una serie de demandas en la Corte Suprema por algo más de $300.000 millones.
En principio el pedido apunta a un grupo de 15 provincias que demandaron al Estado nacional por las decisiones que tomó Macri al rebajar el IVA a los productos de la canasta básica, a la pérdida de las regalías y al fin del Fondo Sojero.
Entre diciembre y febrero se deberían resolver las demandas contra el Estado nacional que ahora las provincias procurarán “congelar”.
“Con esto consiguen una especie de reperfilamiento de los juicios sin tener que ir a pedir plazos a la Corte. Es preferible estar en deuda con los gobernadores que con los jueces”, explicó un conocedor de los pasillos de la Casa Rosada.
Ingresos y egresos
Pero además de negociar los juicios, se negociaron los ingresos y los egresos. El cambio en las retenciones no sólo significa para las provincias conflictos con sus productores sino además una merma en sus ingresos que perciben por Ganancias en detrimento de un tributo aduanero que no es coparticipable. “Cada vez que suben las retenciones para nosotros es un problema porque perdemos ingresos, ya que cobramos menos de Ganancias y los productores nos reclaman por una decisión que no es nuestra”, explicó un ministro de Economía provincial que mañana se reunirá para leer la letra fina de la herramienta que descomprimió el reclamo de las provincias: el Pacto Fiscal.
El Gobierno aprovechó un reclamo de los gobernadores e intercambió figuritas: Ganancias por Ingresos Brutos.
“Con eso cambios terminamos en una especia de compensación porque al subir las retenciones se reduce la recaudación de Ganancias, pero por el otro lado recuperamos esa pérdida con frenar la baja del Impuesto a los Ingresos Brutos que no es coparticipable”, señalaron desde un distrito.
Los números son bastante ejemplificadores de la estrategia oficial. Frenar la rebaja de Ingresos Brutos significa que la provincia de Córdoba dejará de perder durante 2020 unos $4.300 millones. Como contracara, por la aplicación de estas nuevas retenciones se reduce la recaudación de ganancias y la provincia mediterránea registrará una pérdida de unos $2.800 millones, además de la pérdida indirecta por menores ingresos en la Provincia.
En la mayoría de los distritos se observa que la balanza en principio es positiva para las arcas provinciales y para la Nación, porque se incrementan los ingresos por dos impuestos que no se coparticipan.
Un punto
La suspensión del Consenso Fiscal implicaría frenar la baja gradual de presión fiscal de Ingresos Brutos que al 2022 hubiera significado reducirla en un punto del Producto Bruto Interno (PBI) y eximir totalmente al sector productivo (eliminando el efecto cascada del tributo).
La medida tiene un impacto favorable para las arcas provinciales pero impacta en la producción. Por lo menos así lo entiende Felix Piacentini, director de la consultura NOAnomics: “Esto frena la eliminación del efecto cascada de Ingresos Brutos, que va recayendo sobre cada eslabón de la cadena productiva. Porque la grilla de reducción implicaba que para 2022 todos los sectores productivos estuvieran exentos y se tendiera hacia un impuesto a las ventas, que sólo grava al consumidor final, como el tax de USA”, agregó el economista especializado en provincias que formó parte del equipo de Hacienda hasta el pasado 9 de diciembre.
“Lo que más afecta de una medida como esta es la competitividad, sobre todo a las pymes y más a las que están lejos, porque ya en 2021 se hubiera eximido el transporte y, si a eso se le suma el aumento de las retenciones, implica que una buena cantidad de economías regionales van a sufrir bastante”, sentenció.
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