A través de un comunicado, Carrefour Argentina anunció que presentó el recurso de Proceso Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo "con el objetivo de encontrar soluciones para garantizar la sustentabilidad de sus operaciones en Argentina".
"La empresa está atravesando una situación económica compleja tras tres años de pérdidas. La apertura de este diálogo, junto al Sindicato de Empleados de Comercio y el Gobierno, le permitirá plantear un plan para reimpulsar su crecimiento", agrega el comunicado.
Y concluye: "Carrefour confía en encontrar rápidamente las soluciones necesarias, junto a las partes involucradas, y reagrupar los esfuerzos para mejorar día a día su relación con los clientes".
Preservar las fuentes de trabajo
"Carrefour tiene un plan para despedir a 3 mil trabajadores en todo el país, reducir el salario y cerrar 11 locales", había advertido hace unos días el delegado y subsecretario de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Mario Amado.
Sin embargo, especialistas en Concursos Preventivos de Crisis aseguraron a Infobae que lo que hizo la empresa es "simplemente avisar de su situación económica al Ministerio de Trabajo, para comenzar a conversar con las partes cómo se puede manejar el proceso de reestructuración sin generar conflictos sociales".
Aseguraron las fuentes que "no se puede hablar de un número de personas afectadas, porque en la primera etapa no se explicita si habrá despedidos, suspensiones, o simplemente se ofrecerá a parte del personal reasignar tareas y localizaciones".
El rol del Ministerio de Trabajo es intermediar entre la empresa y el sindicato en defensa de las fuentes de trabajo.
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Corresponde iniciar el proceso preventivo de crisis cuando se afecte a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores.
Deberá tramitarse con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas. Deberá iniciarse antes de disponer suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos por causas económicas o falta o disminución de trabajo.