Chihuahua war der zweite mexikanische Staat, der mit dem republikanischen Gouverneur von Texas, Greg Abbott, eine Vereinbarung über die Aussetzung der Sicherheitsmaßnahmen für die Einwanderung erzielte, die sich auf den Handelsfluss und die Lieferkette auswirkten.
Nach einem Treffen mit der Gouverneurin von Chihuahua, Maria Eugenia Campos, erklärte sich Abbott bereit, die Grenzübergänge für Güterwagen aus Mexiko zu normalisieren. Für einige Tage ordnete er außerordentliche Inspektionen jeder Einheit an, um die Einreise illegaler Migranten einzudämmen.
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