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Régimen cubano traslada a empresas el costo de reparar escuelas, hospitales y hogares de ancianos a cambio de incentivos fiscales

Una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios ofrece rebajas impositivas a cambio de obras en infraestructuras sociales deterioradas, mientras la economía de la isla enfrenta su mayor contracción prevista en la región

FOTO DE ARCHIVO: Estudiantes en un receso de clase, en su escuela en La Habana (Cuba), este 8 de noviembre del 2021. EFE/ Ernesto Mastrascusa

El régimen cubano aprobó incentivos fiscales para que empresas estatales y privadas financien obras en escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas, una decisión que traslada parte de la carga de recuperación de los servicios públicos a actores económicos que ya operan bajo restricciones, escasez de insumos y un entorno tributario controlado por la dictadura.

La Resolución 208/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) entró en vigor este lunes tras su publicación en la Gaceta Oficial. La norma permite que quienes destinen recursos a la construcción, rehabilitación o equipamiento de infraestructuras sociales obtengan bonificaciones en el Impuesto sobre Utilidades o en el Impuesto sobre los Ingresos Personales.

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El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, admitió en la televisión estatal que el presupuesto público tiene limitaciones para sostener la actividad social. La declaración expone la falta de recursos del régimen para atender por cuenta propia funciones básicas que durante décadas presentó como pilares de su modelo político y económico.

Según explicó el funcionario, las entidades estatales y no estatales podrán descontar hasta el 20% del valor de las inversiones destinadas a instalaciones de carácter social. El beneficio podrá aplicarse durante un período máximo de cinco años y se hará efectivo al cierre de cada ejercicio fiscal.

Un hombre arroja basura en una calle del centro de La Habana, Cuba, el 15 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Las empresas, llamadas a suplir carencias que el Estado no puede cubrir

La medida incluye desde la reparación de una escuela o una sala hospitalaria hasta la rehabilitación de un hogar de ancianos y la recuperación de sistemas de alimentación destinados a familias. Los bienes financiados pasarán a integrar los activos fijos tangibles de la entidad estatal beneficiada.

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El diseño de la norma deja en evidencia una contradicción del régimen: mientras conserva el control sobre la administración de los principales servicios públicos, busca que negocios privados y empresas estatales aporten capital para reparar instalaciones cuyo mantenimiento corresponde al presupuesto estatal.

Regueiro afirmó que los incentivos permitirán “complementar” la movilización de recursos desde el sector empresarial. Sin embargo, la fórmula confirma que el Estado cubano no dispone de fondos suficientes para responder al deterioro acumulado de sus redes de salud, educación, cultura, deporte y asistencia social.

( Foto: Yamil Lagen/AFP)

Las bonificaciones tampoco representan una financiación directa. Las empresas deberán asumir primero el costo de las obras, acreditar la inversión mediante facturas y otra documentación, obtener la conformidad de la entidad receptora y esperar la liquidación anual de los impuestos para solicitar el descuento.

La resolución contempla además una reducción tributaria del 10% del valor de las donaciones monetarias o materiales realizadas a entidades estatales dedicadas a fines sociales. El régimen mantendrá el control del procedimiento a través del MFP y de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), organismos encargados de autorizar, supervisar y evaluar los beneficios.

Incentivos sujetos a autorización oficial

Los negocios que obtengan al menos el 50% de sus ingresos brutos de actividades y servicios sociales podrán pedir una tasa reducida del Impuesto sobre Utilidades o una bonificación en el Impuesto sobre los Ingresos Personales durante sus primeros cinco años de funcionamiento.

También podrán solicitar la exención del Impuesto Aduanero para importar equipos y tecnologías requeridos por esas actividades. No obstante, estos beneficios no serán automáticos: cada interesado deberá presentar una petición ante el Ministerio de Finanzas y Precios y esperar una autorización expresa.

Un hombre empuja un carrito cargado de bidones de agua por una calle mientras la escasez de agua y electricidad complica la higiene durante una ola de enfermedades virales en La Habana, Cuba, el 24 de septiembre de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

El requisito añade un filtro administrativo a las empresas que pretendan participar en la recuperación de servicios comunitarios. En una economía marcada por la escasez de divisas, las dificultades para importar y la dependencia de permisos estatales, la posibilidad de acceder a equipos y tecnología seguirá sujeta a la decisión de las autoridades, así como la precariedad en los servicios de recolección de basura, servicio de agua potable, electricidad, entre otros.

La norma forma parte de las 176 reformas económicas anunciadas por el régimen desde junio, con las que busca liberalizar y descentralizar parcialmente algunos sectores sin abandonar el control estatal sobre las decisiones centrales de la economía.

Cuba, ante la mayor contracción económica de la región en 2026

La iniciativa llega cuando Cuba atraviesa su sexto año de crisis económica, con apagones, deterioro de la infraestructura, inflación, falta de productos básicos y una capacidad fiscal cada vez más limitada.

Personas caminan por el Malecón mientras las farolas permanecen apagadas debido a un apagón, con el Capitolio Nacional al fondo, en La Habana, Cuba, 18 de septiembre de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que el Producto Interno Bruto cubano se contraiga 10.3% en 2026, la caída más pronunciada de América Latina y el Caribe. Esa proyección se suma a una contracción acumulada de más de 15% entre 2020 y 2025, según los datos citados por EFE, agencia española de noticias.

La Resolución 208/2026 establece que la aplicación de los incentivos deberá coordinarse entre las autoridades locales y los actores económicos presentes en cada comunidad. El régimen atribuye a esos sectores un papel complementario, aunque la nueva normativa los coloca frente a una tarea mayor: financiar parte de la recuperación de servicios públicos que el propio Estado reconoce no poder sostener con sus recursos actuales.

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