Cuba dio un paso para incorporarse al mercado internacional de créditos de carbono, un mecanismo que podría abrir una fuente adicional de divisas en medio de la escasez de combustible, alimentos, electricidad e ingresos externos que atraviesa la isla. La estrategia combina la promoción de proyectos ambientales con un esquema legal que deja en manos del Estado el control de los créditos y de las transferencias que se realicen.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) firmó un Memorando de Entendimiento con el Consejo Global de Carbono (GCC), organismo certificador de reducciones de emisiones con sede en Catar, durante actividades paralelas de la 31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP31, que se celebra en Atalaya, Turquía, entre el 9 y el 20 de noviembre, tal como constata su Gaceta.
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La suscripción del documento no implica ingresos inmediatos ni la puesta en marcha automática de proyectos. Representa, en cambio, un acercamiento de La Habana a una plataforma internacional que certifica reducciones de emisiones y permite convertirlas en créditos negociables.
El viceministro primero del CITMA, Rudy Montero, agradeció el acompañamiento del GCC y expresó la expectativa del Gobierno cubano sobre las oportunidades que puede ofrecer el mecanismo. La organización, por su parte, manifestó interés en continuar los intercambios para aplicar el acuerdo, según informó el portal estatal Cubadebate y recogió Diario de Cuba.
El carbono como activo convertible en divisas
El mercado de carbono se basa en una lógica concreta: un proyecto que evita, reduce o elimina emisiones de gases de efecto invernadero puede obtener créditos una vez que sus resultados son verificados por una entidad certificadora.
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Cada crédito equivale, en términos generales, a una tonelada de dióxido de carbono que dejó de emitirse o fue retirada de la atmósfera. Esos instrumentos pueden ser adquiridos por empresas o gobiernos que buscan compensar una parte de sus emisiones, cumplir objetivos climáticos o responder a obligaciones regulatorias.
El Consejo Global de Carbono, creado en 2016, registra, valida y certifica iniciativas de este tipo. Su cartera incluye proyectos de generación renovable, reducción de emisiones industriales, captura de metano en vertederos, recuperación de ecosistemas, reforestación y mejoras en el uso de la energía.
Para Cuba, el atractivo está en que cada proyecto validado puede transformarse en una fuente de financiamiento externo. Esa referencia de precio no permite calcular ingresos potenciales para la isla. Antes, el país deberá identificar proyectos, demostrar que sus reducciones de emisiones son adicionales a las que habrían ocurrido sin financiación de carbono, someterlas a procesos de monitoreo y verificación y obtener la certificación correspondiente. También deberá conseguir compradores.
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El marco regulatorio que concentra el control en el Estado
La firma con el GCC llega después de que el régimen cubano aprobara una arquitectura regulatoria para intervenir en todas las fases de las operaciones. En septiembre de 2025, la Gaceta Oficial publicó la Resolución 106/2025 del CITMA, que reglamentó las actividades del mercado de carbono en el país.
La norma establece que el sistema será aplicable tanto al mercado voluntario como al regulado y alcanza a personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, públicas o privadas. También define al CITMA como Autoridad Nacional Designada para dirigir y controlar las operaciones.
El reglamento plantea como objetivos promover proyectos de reducción, captura o evitación de emisiones; facilitar acceso a tecnología y financiación; reforzar el sistema de medición y verificación de gases de efecto invernadero, y aportar recursos para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
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El CITMA administra un registro de transferencias, adquisiciones, cancelaciones, ajustes y utilización de los créditos. Los titulares de iniciativas deben inscribir sus proyectos ante ese control administrativo y presentar informes anuales sobre transacciones, créditos no vendidos y otros datos de seguimiento.
Los promotores privados o extranjeros no podrán disponer libremente de los créditos generados en Cuba, ya que cada operación queda sujeta a la autorización y supervisión de la estructura estatal creada para el mercado.
La regulación también exige que los proyectos se alineen con las prioridades económicas y sociales del Gobierno, el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el programa oficial de adaptación climática Tarea Vida.
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La inserción en el mercado de carbono se produce mientras las autoridades cubanas buscan alternativas para obtener moneda dura. La economía de la isla enfrenta dificultades para financiar importaciones de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos productivos, además de una crisis energética que ha derivado en cortes prolongados de electricidad en varias provincias.
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