Armas a cambio de beneficios: las denuncias sobre las prisiones cubanas

El intercambio de armas por beneficios penitenciarios habría funcionado durante más de tres décadas en las cárceles de Cuba, según un informe de Cubalex.

La organización reunió testimonios sobre presuntos acuerdos en los que reclusos y familiares entregan armas de fuego para obtener rebajas de condena, traslados o cambios de régimen.

La investigación cita el caso de 12 presos comunes con sanciones elevadas que habrían pasado de la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, a campamentos de menor severidad. Una fuente interna proporcionó sus nombres a la organización en diciembre de 2024.

Según el informe, los acuerdos de ese grupo se realizaron directamente con el teniente coronel Graisel La Rosa González, jefe del entonces Departamento Técnico Investigativo en ese penal. El reporte no presenta ese caso como una medición nacional, sino como parte de la evidencia recabada.

El mecanismo descrito por Cubalex consiste en que los familiares consiguen armas en el mercado ilegal y las entregan a funcionarios. A cambio, esperan que la persona privada de libertad reciba una modificación de su situación penitenciaria, aun cuando el beneficio no le corresponda por el tiempo de condena o las reglas vigentes.

Los testimonios describen una práctica en 13 prisiones y campamentos

La investigación se basó en las declaraciones de ocho ex prisioneros, un familiar y un antiguo reeducador penitenciario. Los relatos abarcan 13 prisiones y campamentos de trabajo forzado distribuidos en seis provincias.

Los entrevistados coincidieron en que el procedimiento podría tener alcance nacional. También señalaron que su conocimiento se transmite de forma oral entre la población penal y que la práctica se mantiene como un asunto conocido dentro de muchas cárceles.

Cubalex aclaró que el material reunido no permite establecer cuántos reclusos han accedido a estos acuerdos. El informe expone testimonios y antecedentes que, según la organización, muestran un patrón sostenido en el tiempo.

Las declaraciones recogidas atribuyen participación o conocimiento del proceso a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, al Departamento Técnico Investigativo, que posteriormente pasó a denominarse Policía Técnica Investigativa, y en ciertos casos a fiscales.

El jurista y ex preso político Julio Ferrer Tamayo situó el comienzo de la práctica entre finales de 1992 y principios de 1993. Relacionó ese período con el robo de un contenedor de pistolas Makarov en La Habana.

Esas armas eran reglamentarias para el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El informe indica que, tras el robo, parte de ese armamento habría circulado en el mercado informal.

Eliober Sosa, ex reeducador penitenciario que trabajó en centros de Granma entre 1992 y 1999, ubicó el surgimiento de estos procedimientos alrededor de 1993 y 1994. Según dijo a la organización, los agentes del DTI comenzaron a intervenir en las prisiones con el objetivo de esclarecer delitos y localizar armas extraviadas.

Sosa afirmó que el trabajo de esos funcionarios afectaba las decisiones sobre los expedientes penitenciarios. “Lo que le interesa es el arma”, declaró al referirse al criterio que, según su testimonio, guiaba la concesión de determinados beneficios.

Los beneficios regulados por ley pasarían a una negociación clandestina

La progresión a un régimen de menor severidad, la reducción de sanciones, la libertad condicional, la licencia extrapenal y los traslados son beneficios previstos en la normativa penitenciaria cubana. La ley los vincula al tiempo cumplido, la conducta y otras condiciones establecidas para cada caso.

El informe sostiene que, en los acuerdos denunciados, esos requisitos podían quedar relegados frente a la entrega de un arma. De esa manera, una facultad regulada por la legislación se transformaría en una negociación informal entre reclusos, familiares y funcionarios.

Algunos familiares consultados por la organización afirmaron que la denegación de beneficios se utiliza como presión. Esa negativa llevaría a ciertos presos a buscar contactos para conseguir armas que luego serían entregadas a autoridades vinculadas con la prisión.

Los testimonios señalan que la información circula mediante reclusos que colaboran con los funcionarios, conocidos como disciplinas. También mencionan el uso de agentes que se presentarían como presos para identificar a personas que pudieran conocer la existencia de armas fuera de los penales.

Cuando un recluso lograba un cambio de régimen o una rebaja después de entregar un arma, el resultado se difundía entre otros internos. Ese antecedente, según los declarantes, impulsaba a nuevos presos o familiares a solicitar una entrevista con agentes del DTI.

Un familiar entrevistado bajo anonimato indicó que los acuerdos no siempre se cumplen. La ausencia de documentos y la condición clandestina de las gestiones impedirían que los afectados presenten reclamos formales si la promesa de un beneficio queda sin efecto.

Las armas serían sometidas a revisiones de criminalística

El informe recoge una denuncia de 2020 realizada por Noel López González, entonces preso en el Combinado del Este. El recluso afirmó que algunos internos conseguían beneficios después de presentar fotografías de armas con el número de serie visible sobre un periódico de fecha reciente.

Según ese testimonio, los familiares también contrataban abogados para que se reunieran con oficiales del DTI. Antes de concretar el acuerdo, los funcionarios examinaban el arma para determinar si se había utilizado en la comisión de un delito.

Los entrevistados indicaron que algunas armas eran llevadas a laboratorios de criminalística. Una presa política consultada bajo reserva relató que una reclusa beneficiada le dijo que su familiar tuvo que entregar la pieza para comprobar si guardaba relación con un hecho de sangre sin resolver.

Tres declarantes sostuvieron que las autoridades no concedían el beneficio si el arma estaba vinculada con un asesinato. En esos casos, según sus relatos, se exigían datos sobre la procedencia de la pieza y sobre la persona que la había vendido.

Juan Luis Bravo Rodríguez describió esa situación a Cubalex: “Si esta arma, por casualidad, tiene coincidencia con algún asesinato no resuelto, entonces esa persona tiene que hablar quién se la vendió, dónde la compró”.

Sosa ofreció otra explicación sobre la finalidad del procedimiento. El ex reeducador afirmó ante la organización que el interés principal era recuperar el arma y utilizar cualquier información disponible para esclarecer delitos.

El informe señala que los testimonios mencionan, de manera reiterada, la búsqueda de pistolas Makarov extraviadas de organismos estatales. De todos modos, la investigación indica que los acuerdos abarcarían distintos tipos de armas de fuego y excluirían las de fabricación casera elaboradas con inyectores.