Mujeres, algunas de ellas acompañadas por sus hijos, bloquearon una calle de La Habana Vieja para reclamar el restablecimiento del servicio de agua potable, después de más de 30 días sin recibir suministro regular en sus viviendas. La protesta, realizada el 2 de noviembre, derivó en el envío de un camión cisterna por parte de las autoridades, aunque los vecinos continúan sin una solución estable para el abastecimiento.
La falta de agua convirtió tareas básicas como cocinar, lavar ropa, limpiar y mantener la higiene personal en un problema diario para las familias del barrio. La presencia de madres con niños en la protesta reflejó el impacto doméstico de una crisis que obliga a los hogares a reorganizar sus rutinas en función de la llegada eventual de una pipa o de la posibilidad de comprar agua por vías particulares.
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Un camión cisterna llegó tras el bloqueo, pero la entrega no resolvió la interrupción prolongada del servicio por tuberías. Los residentes siguen sin conocer cuándo volverán a contar con un suministro regular, una incertidumbre que se repite en distintos puntos de la isla.
Ante la falta de abastecimiento, muchas familias recurren al servicio particular para llenar tanques y recipientes. Aunque puede tener un costo que representa una carga para hogares que ya enfrentan el aumento del costo de los alimentos, los apagones y la escasez de productos esenciales.
La compra de agua no garantiza continuidad. En varios barrios, los vecinos deben esperar la disponibilidad de los transportistas, coordinar con otros residentes o reducir el uso del recurso para que alcance hasta la siguiente entrega. En viviendas con menores, personas mayores o enfermos, la situación adquiere otra dimensión por las necesidades de higiene y cuidado cotidiano.
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Datos divulgados por medios independientes y por organismos vinculados al sector hidráulico han situado a millones de personas entre quienes padecen afectaciones totales o parciales en el servicio. En la capital, la escasez ha derivado en reclamos vecinales, cacerolazos y bloqueos de calles en los últimos meses.
Las madres reclaman servicios básicos bajo riesgo de sanciones
La participación de mujeres en protestas por el agua, la electricidad, los alimentos y la atención de otras necesidades básicas se produce bajo un contexto de vigilancia y represalias contra quienes expresan reclamos en espacios públicos.
Durante una audiencia regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 27 de octubre, Camila Rodríguez, directora de la organización Justicia 11J, alertó sobre las consecuencias que enfrentan mujeres vinculadas con protestas públicas en la isla.
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Rodríguez señaló que las organizaciones de la sociedad civil han documentado detenciones de corta duración, procedimientos administrativos y causas penales contra mujeres que participaron en manifestaciones o expresaron reclamos. Según expuso, algunas de ellas cumplen sanciones.
La directora también advirtió que existe un subregistro de estos casos. El temor de las familias a denunciar detenciones, amenazas o procesos judiciales puede impedir que una parte de los hechos llegue a organizaciones independientes o a mecanismos internacionales de derechos humanos.
En esa audiencia, Justicia 11J informó que había registrado más de 880 protestas públicas de distinta naturaleza en Cuba durante 2026. Las manifestaciones incluyeron reclamos por apagones, falta de agua, alimentos, transporte y demandas políticas.
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