Más de 500 organizaciones y activistas cubanos, encabezados por la Asamblea de la Resistencia (ARC) y la Unión Patriótica (UNPACU), lanzaron desde Miami un llamado urgente a los gobiernos democráticos del mundo para que voten en contra —o al menos se abstengan— en la próxima sesión de la ONU que abordará las sanciones de Estados Unidos contra la dictadura de La Habana.
El documento, remitido a Infobae por el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer, fue firmado desde La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Guantánamo y otras provincias de la isla, así como desde el exilio en Estados Unidos, España, Uruguay, México, Argentina, Suecia, Noruega, Brasil y Alemania, entre otros países.
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El llamado sostiene que el régimen de Miguel Díaz-Canel, junto a la cúpula del Partido Comunista de Cuba y la jerarquía militar, presenta cada año esta resolución para proyectarse como “víctima de una agresión extranjera”, mientras oculta lo que los signatarios describen como las causas reales del colapso cubano: la supresión de libertades políticas y económicas, la persecución de la empresa privada, el monopolio económico de las fuerzas armadas y la corrupción de la élite gobernante.
“Cada voto favorable que recibe la dictadura es presentado por sus líderes como una victoria política propia”, advierte el texto; al tiempo que agrega: “Mientras los jerarcas celebran, los presos políticos y sus familias ven con dolor cómo gobiernos democráticos parecen avalar el relato de sus opresores”.
Los activistas rechazaron que las sanciones sean la causa del sufrimiento cubano
Uno de los argumentos centrales del comunicado es la distinción entre las causas estructurales de la crisis cubana y las consecuencias de las sanciones. “El sufrimiento del pueblo cubano no es fundamentalmente resultado de las sanciones de Estados Unidos”, sostiene el documento. “Es la consecuencia de un sistema político criminal, totalitario y destructivo”, argumentan.
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Para ilustrar este punto, el llamado recurre a una analogía médica: las sanciones, explican los firmantes, se asemejan a la quimioterapia aplicada contra un cáncer peligroso. Señalan que sería un error profundo culpar al tratamiento por la enfermedad que intenta combatir.
El comunicado también apunta a datos concretos para reforzar su posición. Entre enero y julio de 2026, Estados Unidos exportó aproximadamente USD 674 millones en bienes a Cuba, un incremento de alrededor del 61,8% respecto al mismo período de 2025, lo que —según los firmantes— demuestra que existen canales significativos de comercio y suministro humanitario pese a las sanciones vigentes.
Junto al rechazo al voto en la ONU, el llamado contiene una propuesta de política concreta. Los firmantes instan a los gobiernos democráticos a adoptar un enfoque de doble vía: por un lado, sanciones políticas y económicas dirigidas específicamente a los responsables de la represión y la corrupción; y por otro, asistencia humanitaria directa a la población cubana.
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Esta ayuda, precisa el documento, debería canalizarse a través de Cáritas de la Iglesia Católica, iglesias independientes y organizaciones de la sociedad civil verificables, y no a través de instituciones oficiales controladas por el Partido Comunista o conglomerados empresariales militares, ya que una parte podría terminar beneficiando a la élite que, según los signatarios, oprime al pueblo cubano.
Entre los firmantes hay presos políticos
La lista de signatarios incluye figuras de distintos perfiles y ubicaciones geográficas. Varios de ellos se encuentran encarcelados en prisiones cubanas. Alexander Verdecia Rodríguez firma desde la Prisión Kilo 8, en Camagüey. Yosvany García Rusindo lo hace desde la Prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba. Yoandri Gutiérrez Vargas y Julio César Vega Santiesteban, detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021, rubrican el documento desde la Prisión Boniato, también en Santiago de Cuba.
Entre los signatarios figuran también ex presos políticos del llamado Grupo de los 75 —los 75 disidentes encarcelados en la denominada Primavera Negra de 2003—, periodistas independientes, pastores evangélicos, madres y esposas de presos políticos, cantantes, cineastas, académicos y activistas de la diáspora cubana en más de una decena de países.
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El documento dirigió su apelación de forma explícita a la Unión Europea (UE) y sus estados miembros, al Reino Unido, Noruega, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y las democracias latinoamericanas. Les pidió que no prolonguen —en palabras del comunicado— el sufrimiento del pueblo cubano al votar junto a sus opresores.
El llamado fue impulsado como parte del denominado “Acuerdo de Liberación”, una plataforma que agrupa a organizaciones como la ARC y la UNPACU, y lleva las firmas de al menos 554 personas y entidades de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla.
Entre los firmantes con cargos institucionales se encuentran Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la ARC; Javier de Céspedes, presidente del Directorio Democrático Cubano; y Cristina Canales, directora de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA).
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“La solidaridad verdadera debe dirigirse al pueblo cubano, no a la dictadura. Ayuden a los cubanos a recuperar su libertad y a construir una Cuba ‘con todos y para el bien de todos’”, concluyó el texto.
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