Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, es una creadora de contenido, influencer y activista cristiana nacida en La Habana en 2005. La joven ganó notoriedad en Instagram y Facebook por videos en los que abordó los apagones, la escasez y las restricciones a las libertades en Cuba.
Sus críticas al sistema político cubano derivaron en presiones institucionales, conflictos en su entorno cotidiano y una causa judicial. El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este la declaró culpable junto a su madre, Caridad Silvente, y les impuso una sanción de dos años de limitación de libertad.
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La causa comenzó después de que ambas grabaran a un suboficial del Ministerio del Interior que acudió vestido de civil a su vivienda, en el reparto Alamar, para entregar una citación de la Seguridad del Estado. Las imágenes se difundieron en redes sociales y el agente presentó una querella por una presunta vulneración de su intimidad.
La medida restrictiva condiciona los desplazamientos y la actividad pública de madre e hija. Sus representantes legales evalúan los recursos de apelación, mientras organizaciones de derechos humanos, colectivos de prensa independiente y misiones diplomáticas acreditadas en Cuba siguen el caso.
De los videos de humor a las denuncias sobre la realidad cubana
La actividad de Anna Bensi en las plataformas digitales comenzó con contenidos de humor, música y situaciones cotidianas vinculadas a la vida de los jóvenes cubanos. En esa primera etapa, sus publicaciones no se concentraban en asuntos políticos, sino que buscaban retratar experiencias cercanas a su generación.
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La joven completó su formación académica, aunque decidió no ejercer formalmente en el sector laboral estatal. Según el relato, tomó esa decisión ante las limitaciones salariales y estructurales de la isla.
Con el paso del tiempo, las dificultades de la vida cotidiana cambiaron el sentido de sus videos. Los apagones crónicos, la escasez generalizada y la falta de libertades pasaron a ocupar el centro de sus publicaciones, que comenzaron a difundirse entre miles de usuarios dentro y fuera de Cuba.
Desde su habitación, Anna Bensi grabó reflexiones directas e incisivas. Para ordenar sus mensajes, utilizaba guiones escritos a mano con los que buscaba visibilizar la realidad de otros jóvenes cubanos.
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Sus perfiles crecieron hasta superar las decenas de miles de seguidores. La creadora de contenido dejó atrás el registro de entretenimiento y se convirtió en una voz crítica frente a la situación política y social del país.
La activista calificó abiertamente al sistema de gobierno cubano como una dictadura y defendió la realización de elecciones libres en Cuba. Esa postura la situó bajo la atención de los mecanismos de control estatal y de la Seguridad del Estado.
La presión alcanzó su lugar de trabajo. Los órganos de seguridad contactaron a sus superiores para indagar sobre los videos que publicaba, una situación que llevó a la joven a renunciar de forma voluntaria para proteger a las personas de su entorno laboral.
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El hostigamiento, según lo relatado, también afectó su vida diaria. Anna Bensi reportó cortes constantes de internet y llamadas de advertencia, además de tensiones con vecinas afines a estructuras gubernamentales que la amenazaron con denunciarla por cuestiones menores durante las crisis energéticas.
La visita de un suboficial en Alamar derivó en una querella
El episodio que abrió el proceso judicial ocurrió en Alamar, dentro del municipio de La Habana del Este. Un suboficial del Ministerio del Interior se presentó vestido de civil en la casa de Anna Bensi con la intención de entregar una citación formal de la Seguridad del Estado.
Ante la llegada del agente, la joven y Caridad Silvente decidieron registrar la situación con sus teléfonos celulares. La grabación buscaba documentar lo ocurrido y resguardar su seguridad durante la visita.
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Luego, madre e hija difundieron las imágenes en las redes sociales. El funcionario presentó una querella y argumentó que el contenido vulneraba su intimidad y podía exponer su identidad.
El caso se vinculó con normas que sancionan la difusión digital de contenidos que involucran a funcionarios. La denuncia avanzó hasta el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, donde se realizó el juicio contra ambas.
La jornada judicial estuvo acompañada por un fuerte despliegue policial y restricciones de conectividad en los alrededores del tribunal. El proceso también reunió muestras de respaldo ciudadano hacia la joven y su madre.
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Cerca de treinta representantes de asociaciones religiosas y pastores asistieron para acompañarlas. Los grupos presentes entonaron cánticos de fe y consignas de apoyo antes de que Anna Bensi ingresara a la sala.
La presencia religiosa tuvo un significado especial por la identificación pública de la joven con el cristianismo. Su caso concentró el respaldo de una comunidad que siguió de cerca tanto su actividad digital como las consecuencias que enfrentó por ella.
Antes de la audiencia, Anna Bensi expresó dudas sobre la imparcialidad del juicio. “No va a ser justo el juicio, pero yo tengo un Dios justo”, declaró ante los medios independientes.
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La activista añadió que esperaba que triunfara la verdad. También reiteró su deseo de que Cuba fuera “un país libre con elecciones democráticas”, una posición que había mantenido en sus publicaciones y declaraciones públicas.
La condena restringe su actividad mientras estudian una apelación
El tribunal emitió un fallo oral que declaró culpables a Anna Bensi y a Caridad Silvente. Durante el proceso, la fiscalía y la defensa discutieron la aplicación de medidas de privación de libertad o de arresto domiciliario.
La resolución estableció una sanción de dos años de limitación de libertad para ambas. La medida restringe sus movimientos y condiciona el desarrollo de actividades públicas.
Los representantes legales de la joven y su madre analizan los recursos de apelación pertinentes. Esas gestiones definirán los próximos pasos dentro de un expediente que mantiene atención pública dentro y fuera de la isla.
La causa recibió seguimiento de misiones diplomáticas acreditadas en Cuba, entre ellas la Embajada de Estados Unidos. Organizaciones internacionales de derechos humanos y colectivos de prensa independiente también observaron el desarrollo del proceso.
Para diversos analistas y observadores sociopolíticos, el expediente ejemplifica el uso del aparato penal para disuadir las expresiones de protesta digital. La causa se inscribe, según esas interpretaciones, en un escenario donde jóvenes cubanos utilizan las redes sociales como espacio para expresar críticas frente al poder estatal.
La historia de Anna Bensi quedó vinculada a esa forma de activismo. Sus videos comenzaron con humor, música y escenas cotidianas, pero su posterior contenido político la llevó a enfrentar presiones laborales, advertencias, una querella y una condena judicial junto a su madre.
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